El mensaje que dirigió a las autoridades mexicanas, difundido a través de las redes sociales, sucedió después de que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales negó la garantía ofrecida por Diego Fernández de Cevallos de un predio en Punta Diamante, con supuesto valor comercial de 402.8 millones de pesos, ante una presunta omisión de actualización catastral, cuando la fianza era de 100 millones de pesos.

Al exmandatario sonorense se le imputan los delitos de lavado de dinero por 11 millones de pesos y 70.4 millones de pesos por defraudación fiscal.

En el caso del presunto delito de lavado de dinero, el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, determinó una fianza de 40 millones de pesos.

Para el pago de esta fianza, se aceptó como garantía un inmueble propiedad de su suegro que tiene un valor fiscal de 31.6 millones de pesos, de una extensión superior de 7 mil metros cuadrado y que lleva por nombre Rancho Tres Puertas, localizado en Cananea, Sonora.

También el "Hotel-Boutique", de José Arturo Dagnino Acuña, cuñado del exgobernador, quien cuenta con una infraestructura de 8 mil 800 metros cuadrados en construcción, que se encuentra ubicado en la colonia Centenario de Hermosillo, el cual está valuado en 11.7 millones de pesos.

En el proceso de defraudación fiscal, se le requirió una fianza de 100 millones de pesos.

El exgobernador preso en el Reclusorio Oriente desde el 10 de noviembre del 2016, tiene sus cuentas congeladas y propiedades aseguradas por el gobierno, por lo que no puede disponer de recursos ni de sus inmuebles. El abogado Diego Fernández de Cevallos ofreció la garantía que lo pondría en libertad bajo caución pero fue rechazada.

Hace llamado
En el video de 6 minutos con 20 segundos, el hijo del exgobernador Guillermo Padrés hizo un llamado al Presidente de la República, a la ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luz María Aguilar y miembros del Consejo de la Judicatura Federal para exponer el tema de los asuntos penales que enfrenta su padre.

"Desde hace más de dos años mi padre se puso a disposición del Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales de la Ciudad de México de manera voluntaria para enfrentar las acusaciones que en ese momento versaban en su contra. Sin embargo, desde ese día al día de hoy hemos sufrido una serie de atropellos de parte de las autoridades como familia y él como persona.

"En lo particular comenzando por la detención ilegal y arbitraria a mi persona", externó al referir: "estuve secuestrado nueve meses en un centro de máxima seguridad con el único propósito de que mi padre se declarara culpable de delitos que jamás cometió".

Dijo que a lo largo de estos dos años "hemos demostrado de manera contundente y hemos obtenido resoluciones judiciales que acreditan que mi padre no cometió delito alguno, sin embargo desde hace más de un año, mi padre tiene el derecho Constitucional de enfrentar sus procesos en libertad; al día de hoy no han resuelto el incidente de cambio de medida cautelar promovido por la defensa conforme a derecho".

El joven abogado de 29 años de edad, precisó que el Código Federal de Procedimientos Penales establece que un incidente de esta naturaleza debe ser resuelto en un plazo no mayor de 48 horas, sin embargo por tratarse del asunto Guillermo Padrés, lo resolvieron después de un año.

"Y no sólo eso sino que el juez Guillermo Urbina Tanus condicionó el cambio de medida cautelar a exhibir una garantía económica excesiva y contraria a la presunción de inocencia, ya que el juez determina que el monto de esta garantía económica, debe ser suficiente para cubrir la reparación del daño, pero no puede hablarse de reparación del daño cuando no se ha cometido delito alguno y mucho menos cuando no hay sentencia condenatoria que demuestre lo contrario".

El presunto delito
Alegó que el juez no ha concluido las facultades de comprobación de un presunto delito de defraudación fiscal equiparable porque no existe un dictamen técnico contable emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En lo que calificó una violación a los derechos humanos del exmandatario sonorense, exigió al juez una revisión inmediata de la resolución "porque hemos cumplido cabalmente con los requisitos que marca la ley para que mi padre lleve el proceso en libertad, no lo pueden tener secuestrado".

"Exigimos que sea resuelto por una autoridad competente con el conocimiento técnico necesario en la materia para emitir una resolución que vaya conforme a lo que establece la Constitución. El día de hoy alzamos la voz porque ya basta, ya basta de tantos atropellos, ya basta de justicia selectiva", expresó el hijo del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías.

El Universal / LCG 22/12/18/DAW