Acuerdo por la democracia, ¿a ciegas?

Este mediodía los 32 gobernadores y gobernadoras del país están convocados a asistir a Palacio Nacional a la firma de un “Acuerdo Nacional por la Democracia” que les presentará el presidente

López Obrador para que lo firmen de manera conjunta. El citado acuerdo contiene una serie de compromisos y acciones con las que Federación y Estados pretenden garantizar un proceso electoral

“limpio, ordenado y sin intervención de autoridades” de ningún orden de gobierno.

La intención es sin duda buena y tendría que suscribirla cualquier autoridad que se diga comprometida con las prácticas democráticas y electorales apegadas a la ley; el único problema es que, hasta ahora, ningún gobernador conoce el contenido del acuerdo que les propondrán firmar porque nadie se molestó en compartírselos previamente.

Varios gobernadores consultados al respecto comentaron a esta columna que lo único que habían recibido hasta anoche era la invitación al encuentro con el presidente, junto con la orden del día, pero ningún documento o resumen del mencionado acuerdo por la democracia que conocerán hasta el evento.

De los 32 mandatarios convocados, no todos habían confirmado su asistencia y se prevé que asistan la mayoría de ellos, tanto los de Morena, como los del PRI, PRD y los del PAN, entre los que se encuentra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya presencia en Palacio Nacional será sin duda de las que mayor expectación causará por las acusaciones que le ha formulado la Fiscalía General de la República y el juicio de procedencia que le siguen en la Cámara de Diputados.

¿Se saludarán López Obrador y Cabeza de Vaca? ¿Qué se dirán el mandatario panista acusado y el fiscal Alejandro Gertz Manero, que acompaña al presidente en la reunión? Porque esa es otra cosa que llama la atención de este acuerdo “por la democracia”, que el presidente haya invitado a que lo acompañara en el encuentro con los gobernadores el fiscal General de la República. “¿Acaso estamos hablando de una democracia judicializada o de unas elecciones que también se definirán en los tribunales?”, se preguntó un gobernador de oposición al que le preguntamos sobre la presencia de Alejandro Gertz Manero en la reunión.

El problema es que, si López Obrador invitó a los gobernadores para asustarlos con denuncias penales por delitos electorales o pedirles que asuman compromisos en ese sentido, tendría que

empezar a predicar con el ejemplo.

Porque una cosa es que el presidente diga en su discurso que en este gobierno ya no se desvían recursos para favorecer al partido gobernante en los comicios, ni se utilizan los programas sociales para presionar a votantes y otra muy distinta que en la realidad los promotores de Morena en toda la República no estén recorriendo las casas y los municipios para exigirle a los beneficiarios de los apoyos sociales de la 4T que “cuiden su voto”, pidiéndoles los datos de su credencial de elector y hasta amenazándolos con que “si votan por el PRI o el PAN podrían disminuir los apoyos que reciben”.

Eso lo saben bien los gobernadores, que en sus estados no sólo se enfrentan a la estructura nacional de Morena, sino a las brigadas bajo el mando de Gabriel García Hernández.

Veremos entonces qué es lo que el presidente presenta a los gobernadores y cuántos de los que asistan mañana a Palacio están dispuestos a firmar compromisos que parecen ir encaminados

sólo a frenar la operación de los estados, mientras a las dependencias federales y al estratega electoral que es Gabriel García se le da manga ancha en el proselitismo a través de los programas sociales.

¿Suscribirán todos los gobernadores un Acuerdo Nacional por la Democracia cuyo contenido desconocen?