Ley eléctrica, empieza la batalla real

Ley eléctrica, empieza la batalla real, escribe Salvador García Soto en #SerpientesYEscaleras

Si lograr que le aprobaran la Ley de la Industria Eléctrica fue un asunto de trámite para López Obrador, que en pos de su reforma hizo valer no sólo su derecho de iniciativa preferente, sino también su mayoría de Morena convertida en aplanadora incondicional en el Congreso, ahora que ya fue promulgada y entró en vigor la nueva legislación -con su publicación el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación- comienza la verdadera batalla que enfrentará el presidente y su 4T en tribunales del Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a donde

llegarán las acciones y controversias para impugnar la constitucionalidad de la reforma eléctrica lopezobradorista.

Los empresarios e industriales afectados con las disposiciones de la nueva ley, que le devuelve a la CFE el monopolio de la generación eléctrica en el país, ya anunciaron que interpondrán en

las próximas horas una “ola de demandas de amparo” en contra de la legislación que afecta contratos y derechos adquiridos por las empresas privadas en el sector eléctrico.

La Concamin, que agrupa a las principales cámaras industriales, y un grupo de empresarios de Nuevo León, que amenaza con un “tsunami de amparos” que se cuentan por cientos, pedirán a la

justicia federal que analice y resuelva los daños que la nueva legislación causará a los esquemas de autoabasto y con ello a la competitividad de las empresas, por el encarecimiento que prevén

en la energía generada por CFE, además del daño al medio ambiente.

Pero, aunque los amparos de empresas privadas se contarán por cientos y quizás hasta miles, esa será la vía más lenta para tratar de tirar la reforma. Las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad serían la ruta jurídica más rápida y efectivapara intentar echar abajo las reformas aprobadas en fast track y sin atender las exigencias de la oposición para un ejercicio de parlamento abierto,por las mayorías de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados.

Eso sí, lo más rápido que podrían presentarse las primeras acciones y controversias sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, sería en al menos tres semanas, pero de ahí a que se arme el proceso para su admisión y discusión por el pleno de la Primera Sala de la Corte, pasarían meses, según estiman fuentes consultadas en la propia Corte. Lo que significa que, cualquier discusión y decisión que se dé entre los ministros de la SCJN, sería después de las elecciones federales del próximo 6 de junio.

“Veo muy difícil que salga antes… por el tiempo que toma armar el proceso”, comentó a esta columna un funcionario de la Corte,que consideró muy probable que se admitan tanto las controversias como las acciones de inconstitucionalidad, pero el resultado final de la votación de los ministros, dependerá de los argumentos y planteamientos que hagan los actores políticos que decidan

impugnar la constitucionalidad de la ley eléctrica.

Así que, ya sea por vía de los amparos, que serán masivos, pero tardan mucho más para llegar a la Corte porque primero deben de resolver los jueces de distrito, o sea por los recursos directos de

la Controversia o la Acción de Inconstitucionalidad, que van directos al conocimiento de los ministros, aunque también llevarán varios meses para ser analizados y discutidos, lo que es un hecho es que la contrarreforma eléctrica del presidente, que buscó borrar la reforma de Enrique Peña Nieto en ese sector, devolviéndole todo el control y la preponderancia a CFE en contra de las empresas privadas, enfrentará una artillería de fuego jurídico en el que, una vez más, la última palabra la tendrán los ministros de la Corte.

Y a  ellos también les lloverá fuego y todo tipo de presiones para saber si en este tema apoyan o rechazan una ley que es de la mayor prioridad para López Obrador.