El año fallido de la Guardia Nacional

Este 1 de febrero se cumplió un año de que empezó el proceso constitucional para aprobar la Guardia Nacional.

Tres meses después, en mayo, el Congreso aprobó por unanimidad la creación del nuevo cuerpo civil con todo y sus leyes reglamentarias y para el 30 de junio de 2019 se inició su despliegue en el territorio nacional con 52 mil elementos; hoy en toda la República hay 76 mil elementos de la Guardia Nacional asignados a los estados.

Pero ¿de qué ha servido tanto despliegue, incluso en un número que ya duplica a la extinta Policía Federal?

No para mucho.

Las cifras oficiales de asesinatos violentos ocurridos en 2019, que en el segundo semestre ya contó con la operación del cuerpo nacional de Policía, con 35 mil 588 homicidios dolosos y feminicidios, son el indicador más claro del inicio fallido de la Guardia Nacional.

Hoy la crisis de seguridad sigue creciendo y la falta de resultados en 7 meses de operación hace que se cuestione si la estrategia de seguridad realmente funciona o, incluso, si realmente hay una estrategia.

Pero, en la complacencia y ausencia de autocrítica de esta administración, mientras la descomposición y la impunidad crecen en casi todas las entidades y en la Ciudad de México se les fugan narcos extraditables, el presidente se niega a reconocer que la incapacidad de su gabinete de seguridad y dice que “vamos muy bien”, mientras su secretario Alfonso Durazo cantinflea en el Senado y les reprocha a todos los escépticos que no le ven pies ni cabeza a la política de seguridad de este gobierno:

“Pueden estar o no de acuerdo con la estrategia, pero nadie puede negar que hay estrategia. La primera línea de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción”.

Entre varios gobernadores que en teoría son parte del esquema operativo de la Guardia Nacional, a través de las “Mesas de Seguridad” en sus entidades, hay comentarios bastante negativos sobre la forma en que funciona en los hechos el esquema de actuación de los guardias federales, que más que al poder civil del secretario o de los mandatarios estatales, sólo obedecen órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A pesar de que la Constitución y las leyes secundarias hablan de un cuerpo “civil”, los comandantes de la Guardia Nacional que están mandando a los estados, no sólo provienen todos del Ejército y sus distintas corporaciones, sino que no toman ninguna decisión sin consultar a los mandos castrenses, incluso por encima de las autoridades civiles.

A pesar de que hay reuniones todos los días muy temprano, en los hechos, según comentan varios gobernadores, la Guardia Nacional no toma ninguna acción sin tener antes la autorización de los mandos del Ejército y del comandante de Zona y en casos en que algunos comandantes han actuado sin ese consentimiento y atendiendo sólo al mando civil, se les recrimina y en algunos casos hasta se les mueve de estados con el argumento de que tienen demasiada cercanía con los civiles.

Y ¿entonces?

¿La Guardia Nacional está actuando como un cuerpo civil o como un cuerpo militar?

Porque si sólo sigue órdenes y rinde cuentas al Ejército y a sus altos mandos y si los militares han mostrado como política en este sexenio evitar confrontaciones y choques frontales con el crimen organizado, entonces ahí puede haber una razón de porqué los números de asesinatos violentos no han disminuido en 7 meses de despliegue.

¿No será que, después del “Culiacanazo” y del enorme desgaste que sufrieron las fuerzas armadas en esa incursión fallida y mal planeada en la que fueron sometidos, amenazados y obligados a devolver al detenido Ovidio Guzmán, los militares decidieron bajar la guardia y no ir a fondo en el combate a la inseguridad y al crimen organizado?

Y cuando decimos militares, estamos diciendo también, a juzgar por cómo se conducen y a quien obedecen, a la fallida Guardia Nacional, que resultó más efectiva para detener y someter a migrantes que a delincuentes.