Se descarapela el caso Lozoya

Es tal el desaseo del caso más emblemático de corrupción, tan salpicado de mentiras y ahora envenenado con la ofensiva imprudencia culinaria del único acusado confeso, que se antoja improbable que la Fiscalía General de la República logre presentar sólidas acusaciones contra tres expresidentes, dos exsecretarios de Estado, seis exsenadores, un excandidato a la Presidencia y otras cinco personas, una de las cuales, la periodista Lourdes Mendoza, desenmascaró en Las Lomas la patraña del “arraigo domiciliario” de Emilio Lozoya.

Desde el punto de vista político, mueven a risa quienes dicen que, con los sobornos de Odebrecht y el sobreprecio de Agronitrogenados (algo menos de 14 millones de dólares), los neoliberales Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “entregaron a extranjeros” la soberanía petrolera y que en el enjuague chapalearon los extitulares de Hacienda José Antonio Meade y Luis Videgaray, tanto beneficiándose del dinero como “comprando” el apoyo de un puñado de legisladores del PAN y uno del PRI.

¿Quién toma en serio que se requería de moches para convencer a quienes eran los primeros interesados en que se aprobara la reforma energética? Sólo la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, la misma que además de moros con tranchete ve “delincuencia organizada” en 31 foristas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que usó una falsa licencia de manejo para encarcelar a Rosario Robles.

Uno de los prominentes implicados por Lozoya, Ricardo Anaya, con datos precisos de la copia oficial de su expediente, ha demostrado que el soborno de casi siete millones que se le achaca haber recibido es una falacia demencial porque habría sido para que votara en San Lázaro… cuando no era diputado. También ha evidenciado los cambios de fechas y datos a que se ha prestado el Ministerio Público Federal para darle tardía verosimilitud a la declaración de Lozoya, y expuesto argumentos, en apariencia firmes, de que los diez o diez y medio millones de dólares que Odebrecht le depositó a Lozoya no fueron repartidos, sino que él los conserva. Es el “pago” de la 4T por empinar a los 17 señalados, aventura con temeridad Anaya.

De los expresidentes, el que más fácil parece tenerla es Carlos Salinas de Gortari, porque habría que comprobársele no sólo que cometió un delito relacionado con Lozoya sino haber sido, como afirma el testigo superprotegido “comisionista y cabildero del Partido Acción Nacional”.

Lo bochornoso del caso llega al grado de que dos testigos de oro para demostrar los dichos de Lozoya, su exsecretario particular y el exjefe administrativo de la Dirección General de Pemex (Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez), ante el MP negaron haber sido quienes repartieron y grabaron los sobornos, pero a los que la Fiscalía supone “amenazados”.

Desinflado que ya estaba el caso, el envidiable hallazgo de Lourdes Mendoza reanima el interés por un predecible final de pastelazo.