Migrantes detenidos en tiempos del Covid-19

La autora es coordinadora del Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora.

Los tiempos del Covid-19 agudizan aún más el estado de vulnerabilidad y de violación a los derechos humanos de personas en movilidad en el mundo.

En México, el reclamo fuerte y firme en contra de las detenciones de migrantes centroamericanos, además de saber cuántos son y en dónde están y cuáles son sus condiciones en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración, INM, lleva años.

Grupos de la sociedad civil, de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales así como académicos entre otros, hemos levantado la voz y denunciado las violaciones a los derechos humanos de personas en movilidad.

En especial hemos gritado por la no detención del grupo más vulnerable: niños, niñas y adolescentes migrantes, detención que viola la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es por ello que el Seminario Niñez Migrante se congratula que el pasado 18 de abril de este año, el Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México ordenó al Instituto Nacional de la Migración, INM, poner en inmediata libertad a migrantes detenidos en estaciones migratorias del INM; también se pide informar sobre el número de personas detenidas en todo el país y sus condiciones de vulnerabilidad; y la no detención de niños, niñas y adolescentes migrantes.

Debido a la contingencia del Covid-19, organizaciones como Sin Fronteras IAP, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, y Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC, apoyados por más de 40 organizaciones, interpusieron un amparo ante las autoridades para liberar a migrantes detenidos que son parte de grupos vulnerables y se les otorgue una estancia regular en el país que incluya su acceso a la salud.

Se ordena al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las 58 estaciones y estancias provisionales migratorias, también la realización de inspecciones periódicas para verificar que se cumpla con los estándares de respeto a los derechos humanos, así como el derecho a la información por las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.

La resolución sienta un precedente en nuestro país.

Además, pone en evidencia que es trascendental respetar los acuerdos internacionales que establecen el derecho a la salud, información y atención a todas las personas en movilidad independientemente de su condición migratoria.

Ni una autoridad local, estatal o federal debe de estar por encima de normas internacionales como las de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) o la de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus Familias donde se establecen que tienen el derecho a recibir cualquier tipo de atención médica en condiciones de igualdad de trato con los connacionales y que ésta no podrá negarse por motivos de irregularidad.

El Seminario Niñez Migrante hace un exhorto al Instituto Nacional de Migración, en especial a la oficina de Sonora, para cumplir la resolución de liberación de migrantes detenidos. Esperamos que en una próxima entrega de esta columna podamos hablar al respecto.

Cuídense.

La autora es coordinadora del Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora.

gvaldez@colson.edu.mx