¿Qué hay de la supuesta reforma judicial y de justicia?

De antemano no conozco el proyecto de iniciativas y aún formalmente no se presentaron en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, sin embargo, en días pasados se filtró un documento que contiene proyectos de iniciativas que provocaron una fuerte reacción de académicos, intelectuales, líderes sociales, así como de periodistas.

Mi colaboración no tiene por objeto especular, me permito comentar en forma quizás enunciativa lo que académicos y periodistas comentaron en base a las iniciativas que circularon y que creo tomaron cierto rasgo de credibilidad por el hecho de que se anunció en la diputación permanente del Congreso de la Unión un acto formal en donde se presentarían las iniciativas al Sistema Penal y Judicial, que al final del día se suspendió e incluso en un posterior boletín la Fiscalía General de la República desmintió que los supuestos proyectos fueron elaborados en dicha institución.

¿Qué temas contiene la referida reforma en los supuestos proyectos?

Según comentarios realizados por varios periodistas y académicos son los siguientes:

• Permitir que la autoridad realice detenciones en flagrancia por un delito grave y enviar a un detenido directamente a un penal sin que un juez de control pueda intervenir.

• Permitir que una persona sea incriminada con pruebas obtenidas por medio de la tortura.

• Propone asimismo la creación del Código Nacional Penal cuya idea es que el Congreso de la Unión sustituya a los congresos locales en la facultad de establecer y tipificar delitos del fuero común ya que actualmente los estados guardan autonomía en este aspecto.

• Otra propuesta es la intención de devolver la figura del arraigo en el sistema penal federal; hay que recordar el abuso que se hizo de esta figura y que fue limitado nada más a delitos del crimen organizado.

Asimismo, las supuestas iniciativas pretenden que las violaciones graves de derechos humanos no impidan que los jueces incorporen en sus sentencias elementos probatorios obtenidos mediante dichos mecanismos como son la tortura, la fabricación y evidencia de testimonios falsos.

Un indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público hasta 48 horas y en los casos de la persecución de delitos de delincuencia organizada y corrupción este plazo podrá duplicarse.

Así mismo la Constitución permitiría la intervención de cualquier comunicación privada autorizada por la autoridad judicial federal y pretende dotar de nuevas capacidades a los jueces sin requerir de solicitudes del Ministerio Público.

Los supuestos proyectos pretenden poner límites a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto propone crear un tercer cuerpo de control en el Poder Judicial que con independencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura juzgue a los juzgadores, es decir a los magistrados y a los jueces, y que sería nombrado por el Senado y no por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se suma como intención que las investigaciones de este Tribunal habrían de ser observadas, vigiladas y controladas también por el Senado de la República y no por la Suprema Corte.

De aprobarse las reformas representarían un retroceso de más de quince años a una lucha que se dio por líderes sociales, académicos y estudiosos del Sistema de Justicia Penal, y el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal fue apoyado, incluso, por el gobierno de Estados Unidos para implementarse aquí en México. Por esa razón, desde mi punto de vista, no creo que se vaya a formalizar ese proyecto de iniciativas que circuló y que incluso, como lo dijimos, el Fiscal General de la República negó la autoría de las mismas.

En los próximos días, al inicio del periodo ordinario en el Congreso de la Unión quedó tanto la Consejería Jurídica como la Fiscalía General de la República de formalizar las iniciativas que habrán de presentarse en la Cámara de origen que sea seleccionada, tengo entendido que será el Senado de la República.

Para concluir, considero que el documento que contiene los temas que acabamos de enunciar no serán formalizados, sin embargo, la opinión de usted es la que cuenta.

Gracias por su atención, hasta la próxima.

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El autor es abogado, titular del despacho García Morales y Asociados, fue Oficial Mayor del Congreso, Diputado, Subprocurador, Delegado de Gobernación y Secretario de Seguridad Pública.