Resurge el conflicto por agua en Sonora
Ayer, en la palapa del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui, los inconformes con la obra Acueducto Independencia que se construyó en el sexenio del exmandatario Guillermo Padrés, se reunieron con legisladores locales.
HERMOSILLO, SON.- Luego de más de 6 años en operaciones del Acueducto Independencia abasteciendo de agua a Hermosillo con extracción de la cuenca del Río Yaqui, los indígenas deesta etnia que mantienen bloqueada la Carretera Federal México 15 y productores agrícolas de Cajeme al sur de Sonora, nuevamente cerraron filas para manifestar su inconformidad por esta obra y exigir al Gobierno federal que respete los fallos de la Suprema Corte de Justicia en la Nación que declaró ilegal al Manifiesto de Impacto Ambiental y ordenó una consulta a la tribu para garantizar el respeto a sus recursos naturales, usos y costumbres.
Ayer, en la palapa del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui, los inconformes con la obra hidráulica que se construyó en el sexenio del exmandatario panista Guillermo Padrés, se reunieron con legisladores locales, diputados federales y senadores, para reiterar su rechazo a la intención del Ayuntamiento de Hermosillo de construir el Ramal Norte o Acuaférico que serviría para distribuir el agua hacia las colonias del norte de la capital de Sonora.
Con esta reunión se reactiva una oposición al Acueducto Independencia similar al Movimiento Ciudadano por el Agua.
Tomás Rojo Valencia, portavoz de la tribu Yaqui, aseguró que existe flexibilidad de retirar el bloqueo a la Carretera Federal México 15, siempre y cuando los compromisos con las autoridades el Gobierno Federal sean más reales y también se obligue a empresas privadas que paguen por la servidumbre de paso de su infraestructura que atraviesa el territorio de la etnia.
Piden además que se les retribuya por el paso de la 4 Carriles, por el paso del poliducto y los cables de CFE, además del derecho de uso de suelo que explotan empresas como Telmex y Ferromex.
En ese sentido las autoridades lo único que quieren es que paguen por el uso de suelo y además las exigencias de bienestar social y apoyos con infraestructura de salud, educación y agua potable”, explicó.
