Inauguran en Cajeme los primeros juzgados cívicos del estado
Con una inversión de un millón 475 mil pesos, Cajeme se convirtió en el primer municipio de Sonora que cuenta con juzgados cívicos, luego que ayer se inauguró el área respectiva en el edificio de Seguridad Pública.
CIUDAD OBREGÓN, SON.- 
En el marco del Programa de Homologación de la Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad que promueve el Gobierno Federal, el alcalde municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, en compañía de miembros de su gabinete, hizo un recorrido al interior de las instalaciones.
Al respecto, el edil expresó: “Este es un tema en el que veníamos trabajando desde el inicio de la administración y hoy estamos muy contentos de que sea ya una realidad. Abrazamos con mucha pasión esta nueva estrategia, la cual abona significativamente a recuperar la paz para todos los cajemenses”.
Por otra parte, son dos los juzgados cívicos que entrarán en funcionamiento; uno estará enfocado en materia administrativa, es decir, atenderá todas las inconformidades que tenga un ciudadano ante actos de autoridades administrativas que violen derechos; mientras que en el segundo se ventilarán toda falta administrativa que infrinja la normativa del bando de policía y buen gobierno.
Con este nuevo sistema se crea una modalidad que transforma a los jueces calificadores en cívicos, lo que permitirá que los ciudadanos expongan sus argumentos legales en un proceso oral.
Además, todo ciudadano tendrá el derecho a un representante en el proceso de cualquier caso, por lo que, de no contar con los medios, el municipio proporcionará un abogado de oficio.
¿QUÉ ES LA JUSTICIA CÍVICA?
Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Justicia Cívica es fundamental en la implementación del Modelo Nacional de Policía, ya que permitirá atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana.
Además, fomenta la cultura de la paz al evitar que los conflictos entre ciudadanos deriven en conductas violentas o delictivas; procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad; y permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia.
