Aspirantes a cargos públicos deben tener historial limpio: Gabriela Herrera

Gabriela Herrera, directora de Jurídicas Feministas, compartió algunas de las iniciativas que buscan implementar con esta nueva Ley, en la que se busca que servidores públicos y cargos de elección popular tendrán que sumar a sus solicitudes tener un historial limpio en cuanto a violencia de género y no tengan denuncias por pensión alimenticia.

“La parte medular de esta iniciativa a nivel federal es que nosotras estamos solicitando que el requisito para la nueva elegibilidad sea que el servidor público o cualquier persona que quiera acceder a un cargo público, solamente con que tenga una denuncia o demanda por pensión alimenticia, no pueda realizarse ese registro hasta que se ponga al corriente con esa pensión o se arregle su situación jurídica como imputada en caso de materia penal”, comentó.

El dictamen, menciona, salió por la comisión como no favorable, debido a que indican que se requeriría una sentencia firme, a lo que argumentan que en Sonora los procesos para una sentencia firme van desde 1 año hasta los 13 años para poder resolver una situación jurídica y que haya una sentencia, lo que daría pie a que un servidor público estuviera trabajando todos esos años en la impunidad.

Deudores alimenticios no pueden aplicar a cargos públicos

“Nosotras estamos solicitando, a raíz de esa decisión de la comisión que, por lo menos como lo dice la constitución de Sonora en el artículo 19, que se suspendan los derechos cuando se está vinculado a un proceso, entonces, solicitamos a la comisión por escrito que se quede en sentencia firme, pero también por vinculación a proceso, cuando se resuelva su vinculación a proceso podrá participar, y que para las elecciones próximas, que es cuando nosotras queremos que se aplique, cuando inicien el registro todavía tendrán un año para resolver su situación jurídica”, agregó.

Añadió que recientemente se acaba de aprobar a nivel nacional el registro de deudores alimentarios, con el que no van a poder ni sacar la credencial de elector ni pasaporte todos aquellos que no se regularicen con los pagos de pensión alimenticia, una decisión que favorece a las mujeres y a los niños, que se encuentran en los niveles más bajos en los condiciones de vulnerabilidad.

“En Sonora hemos tenido desde maestros de la Universidad de Sonora, prepas, hasta servidores públicos como policías, con denuncias de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de delito por parte de un servidor público y que se ven imposibilitadas a llevar los procesos, porque ellos están normalmente en una situación de poder, y en ocasiones ni siquiera les quieren tomar la denuncia, existe un privilegio para los agresores que se encuentran en el poder”, finalizó.