Reforma a outsourcing intensifica fiscalización, advierten contadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) advirtió que se espera una intensa fiscalización con la reforma al outsourcing o subcontratación, por lo que recomendó a las empresas iniciar la transición lo más pronto posible y alejarse de prácticas ilegales.

Consideró que esta nueva forma de tercerización laboral representa una oportunidad para reestructurar el modelo de negocios y atender lo realmente importante, que es la eficiencia operativa. Lo anterior, siempre privilegiando la protección de los derechos de los trabajadores, consideró el organismo.

"No basta sólo con transferir a los trabajadores de la empresa prestadora de servicios a la empresa operativa", enfatizó.

"Se requiere replantear la estructura corporativa a partir de la identificación y segmentar las actividades esenciales, complementarias y estratégicas para, posteriormente, ubicar a los trabajadores en donde realmente corresponde", añadió.

Para enfrentar el gran reto de la reestructuración del modelo de negocio y prepararse para la transición, el colegio emitió una serie de recomendaciones.

Estableció que, si bien la reforma da 90 días hábiles naturales para reubicar a los trabajadores a las empresas operativas, de acuerdo con su objeto social, utilizando principalmente la figura de sustitución patronal, es indispensable iniciar a la brevedad las acciones necesarias para realizar una transición. Además, advirtió que este proceso debe ser eficiente, sin riesgos y bien planeado, con el fin de evitar costos adicionales que puedan afectar la rentabilidad de las empresas.

Para ello, será necesario alejarse de prácticas que la autoridad considera indebidas y que pueden configurar delitos de defraudación fiscal, así como fraude a los regímenes de seguridad social, alertó. Será esencial definir la figura legal que tendrán y el esquema óptimo para facilitar el proceso de reestructuración, ya sea por medio de fusiones, escisiones o sustitución patronal con base en una evaluación de los efectos legales, laborales, fiscales y de seguridad social.