José dejó la albañilería para estudiar leyes y encerrar al feminicida de su hija

José Diego dejó su trabajo de toda la vida, la albañilería para volverse un experto en justicia, y de esa manera poder llevar a la cárcel al feminicida de su hija, Rosa Diana quien fue apuñalada el 31 de diciembre de 2010.

HERMOSILLO, SON.- José Diego dejó su trabajo de toda la vida, la albañilería para volverse un experto en justicia, y de esa manera poder llevar a la cárcel al feminicida de su hija, Rosa Diana quien fue apuñalada el 31 de diciembre de 2010. El responsable fue Gilberto Campos García en la Ciudad de México y tuvo dos cómplices: ambos servidores públicos.

 “Le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron. Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito...Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia…”, indicó.

Sin recursos económicos para un abogado, don José se volvió su propio defensor. Estudió una vez tras otra el código penal, el civil, la ley de amparos y decenas de libros de derechos humanos. Además, presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales seis apelaciones.

 

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“Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia”. Así, a finales de 2019 logró una sentencia de 67 años de prisión para el asesino de su hija y dos por abuso de autoridad para los funcionarios que le negaron protección. “Los obligué, ya no se salieron con la suya esos servidores públicos”. 

Así como en otros feminicidios en la entidad, la muerte de Diana fue un crimen anunciado. Y también, como en la mayoría de los asesinatos, las autoridades mexiquenses ignoraron las advertencias e incluso se negaron a proteger a Diana cuando ella lo solicitó, dos meses antes de su muerte

El 4 de octubre de 2010, Gilberto llegó a casa de Diana para golpearla. Cuando don José llegó a la casa, los tres fueron a presentar la denuncia. Ante el Ministerio Público, Diana relató la agresión: “Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió en ese momento. “Eso no existe en México, las órdenes de protección solo se dan en Estados Unidos”. “No te robó el celular; tú lo entregaste”. “Las peleas entre novios no son un delito”…fueron algunas de las respuestas del personal judicial.

De esa forma, el secretario del MP de Atizapán, Juan Ignacio Robles Márquez, y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz, no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección, y sólo acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; nunca lo citaron a declarar, mucho menos lo detuvieron.

Fue el 31 de diciembre del 2010, a pocos meses de cumplir 22 años y a la mitad de sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana fue asesinada por Gilberto de 16 puñaladas.

 

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