Facilitan las leyes regresar a políticos bienes incautados
CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a lo laxo de las leyes en México —que son aprobadas por la clase política—, autoridades federales han sido incapaces de incautar en definitiva bienes millonarios a políticos acusados de corrupción.
Durante los últimos tres sexenios, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) ha tenido que devolver casas, autos, ranchos, cuentas bancarias y hasta una panadería a políticos a los que acusó de desvío de recursos públicos y otros delitos.
Otras de las fallas que aprovechan los políticos son que, en ocasiones, el Ministerio Público omite notificar en tiempo y forma el aseguramiento o no hace su trabajo correctamente para acreditar que los bienes fueron producto del hecho delictivo.
En la mayoría de los casos los bienes no fueron objeto de la aplicación de la ley de extinción de dominio, que establece un procedimiento administrativo expedito para el desapoderamiento de los bienes, sino que quedaron sujetos al proceso penal o bien a un litigio en materia de amparo.
La última en conseguir que le devolvieran sus bienes —ya en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador— es la líder, Elba Esther Gordillo, a quien la Fiscalía le regresó siete cuentas bancarias, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre ellos uno de colección.
Antes, en el gobierno de Enrique Peña, el actual senador morenista Napoleón Gómez Urrutia logró en noviembre del año pasado el descongelamiento de tres cuentas bancarias del sindicato minero que habían permanecido inmovilizadas desde 2006, y que en su conjunto tenían un saldo de 25 millones de dólares.
En ese año inició una investigación en su contra por un presunto fraude de 55 millones de dólares a los trabajadores mineros.
EXP/REF/EV/ABR/2019
