Definen 150 zonas de arranque de la Guardia Nacional
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México determinó dónde ubicará a los primeros elementos de la Guardia Nacional, cuando estén listos en tres meses.
Serán desplegados gradualmente en 150 de las 266 regiones territoriales en las que se dividió el país para enfrentar la crisis de inseguridad.
Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Manzanillo, Cajeme, Monterrey, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Cuauhtémoc, Salamanca, Irapuato, Celaya, Uriangato, Tlajomulco, Chilpancingo y Nuevo Laredo son parte de las ciudades prioritarias debido a los altos índices de violencia que enfrentan.
Otros municipios a los que se enviará a los uniformados son Los Cabos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlajomulco, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Mazatlán, Hermosillo, Matamoros, Reynosa, Chilapa, Zihuatanejo, Iguala y Tepic.
Desde febrero pasado operan 6 mil 643 elementos de las policías Militar, Naval y Federal en 13 de 21 regiones etiquetadas como focos rojos.
Las autoridades federales estiman un estado de fuerza de 80 mil guardias en este año (35 mil militares, 8 mil marinos, 21 mil 170 reclutas y 18 mil policías federales).
Además, prevén solicitar asesoría al gobierno de Canadá, que cuenta con una Guardia Civil, para fortalecer las tareas de seguridad del nuevo cuerpo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cada tres o cuatro meses se desplegarán bloques de elementos para ir cubriendo las zonas hasta llegar a las 150 en una primera etapa.
En las de alta incidencia delictiva serán enviados grupos de 600 efectivos, en las de nivel medio, 450, y en las de nivel bajo, 300, según el plan de acción de la SSPC.
Este domingo, organizaciones de la sociedad civil hicieron pública una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que acusan que la Guardia Nacional se está convirtiendo en un instrumento de militarización de facto.
Dice la carta:
“De confirmarse que el reclutamiento, la capacitación y la operación de la guardia estarán a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, lo único civil de la guardia será su disfraz administrativo”.
“Sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso. Sería, además, un atentado contra el proyecto de un país democrático que fortalece el Estado de derecho y que coloca la defensa de los derechos humanos como la máxima prioridad”, indica la misiva.
El Universal / DHVR 01/04/19/EV
