Buscan que procesados emitan sufragio
El INE diseñó un programa piloto para que las personas que están en prisión preventiva sin sentencia puedan votar en las próximas elecciones.
HERMOSILLO, SON.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a las aproximas elecciones, delinea un programa piloto para que las personas que están en prisión preventiva sin sentencia puedan ejercer su derecho al sufragio; Sonora es parte de este prototipo.
En el marco de una reunión del Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos del Instituto, se explicó a los representantes de los partidos políticos que el proyecto tiene como fin el dar cumplimiento a un par de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se establece que se deben idear y establecer medidas para que las personas privadas de libertad sin sentencia puedan sufragar.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta junio del 2020 se tenía un registro de 73 mil 629 personas privadas de la libertad procesadas en el fuero común, mientras que en el fuero federal son 11 mil 636. Es decir, tendrían acceso al voto 85 mil 265.
Este programa piloto se aplicará en los comicios de 2021 en algunos ubicados en Sonora, Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Morelos, y sólo para elegir diputado federal.
Aunque sí habría restricciones para acceder al voto. Para empezar, las Juntas Locales del INE puedan crear la lista de personas que se encuentran en prisión preventiva, solicitando nombre con apellidos paternos y maternos, así como el sexo, la fecha de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población, entidad de residencia y entidad de nacimiento y sobre todo que se cuente con la credencial de elector vigente.
Se calcula que en enero se tenga la lista nominal para comenzar con la distribución de las boletas, que será muy parecido al modelo de voto desde el extranjero, que consiste en enviar en un sobre cerrado la boleta electoral.
Con este proyecto piloto en el que trabaja el INE se podrá cumplir con el derecho de la reinserción social y garantizar a las personas que se encuentran en reclusión sin una sentencia el continuar con la pertenencia a la comunidad.