Arrastran un millón de juicios laborales
CIUDAD DE MÉXICO.- La transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a tribunales se llevará por lo menos cinco años, ya que arrastran alrededor de un millón de expedientes tanto en el ámbito local como el federal.
Según la Secretaría del Trabajo, actualmente se reporta medio millón de asuntos pendientes en las juntas federales y una cantidad similar en las locales.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo que se presentó en la Cámara de Diputados el pasado 22 de diciembre –y que está en espera de ser discutida –prevé la desaparición de las juntas para dar paso a tribunales especializados en la materia.
En esa reforma también se prevén cambios en materia de contratación colectiva para garantizar la libertad de asociación de los trabajadores a un sindicato.
Las Juntas de Conciliación seguirán recibiendo expedientes hasta que se conformen los Tribunales Laborales, según establece la iniciativa.
Serán en esas instancias donde recaigan los casos nuevos, mientras que las juntas seguirán en activo hasta que se desahoguen los casos pendientes.
La iniciativa prevé que la Junta Federal y las locales tendrán que presentar a la Secretaría del Trabajo un programa para la conclusión de asuntos en trámite, así como para el cierre y conclusión de labores en forma paulatina.
Pablo Franco, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dijo que tan sólo en la Ciudad de México, en la junta local y la federal, hay 300 mil expedientes en trámite.
Pero con los recortes presupuestales que promueven los gobiernos local y federal, se pueden acumular aún más expedientes por la falta de personal, consideró Franco.
“Si bien se mantuvo el presupuesto de las juntas, en la realidad se les están planteando medidas de ajuste que las están obligando a recortar gente”.
“En la Ciudad de México se tuvo que prescindir del personal por honorarios y eso repercutió en que algunas áreas desaparecerán o reducirán su operación”, describió.
Dijo que las juntas tienen que hacer una reingeniería para hacer más con menos personal.
Franco consideró que la iniciativa de ley no es clara sobre qué pasará con el personal que actualmente labora en las juntas una vez que operen los tribunales.
“La iniciativa no dice nada, sólo que se respetarán sus derechos laborales, lo cual es demasiado general y el riesgo de eso es que los poderes judiciales tienen sus propias reglas y pueden considerar que el personal de las juntas no es apto”, señaló.
EXP/REF/EV/EN/2019
