Admiten demanda de amparo de Graco Ramírez contra juicio político

CUERNAVACA, MOR.- El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en esta ciudad, admitió una demanda de amparo que promovió el exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido contra el juicio político que sigue en su contra el Congreso de Morelos, por causales de omisión en la entrega de recursos aprobados por el Legislativo al organismo local electoral en pleno proceso comicial y a la Fiscalía General del Estado.

Ayer martes, el consejero jurídico del gobierno morelense, Samuel Sotelo Salgado, informó que el exgobernador respondió al juicio político y compareció por escrito ante el Congreso local, y a la vez demandó la nulidad porque en su opinión el proceso legislativo fue irregular.

"Tenemos entendido que presenta algunas excepciones y niega la procedencia de ese juicio político, entonces ya será analizado por el Congreso del Estado, nosotros tenemos referencia de que ya dio contestación, compareció a través de un escrito”, dijo Sotelo Salgado.

Graco Ramírez gobernó del dos de octubre de 2012 al 1 de octubre de 2018 y de acuerdo con el consejero jurídico, la solicitud de juicio político cumple con los plazos establecidos en el artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Morelos.

En su oportunidad la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, precisó que las solicitudes de juicio político fueron presentados en septiembre de 2019 por el consejero jurídico del gobierno estatal, bajo las causales de omisión porque el exgobernador no transfirió en tiempo y forma el recurso autorizado a la Fiscalía General del Estado y esa falta, a criterio del denunciante, afectó las funciones de la institución con respecto a la investigación, prevención del delito, asesoría legal y garantizar el debido proceso, entre otras afectaciones.

La segunda solicitud de juicio político estriba en otra omisión de Graco Ramírez por no entregar los recursos aprobados por el Legislativo al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en pleno proceso electoral, lo que en la denuncia se considera como una transgresión a la autonomía y operatividad del Instituto.

Pero el exgobernador surgido de la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano logró la admisión de su demanda de amparo y argumenta que el proceso de juicio político registra irregularidades, además que la solicitud fue presentada fuera de tiempo, es decir, cuando se había agotado el plazo para incoarle el procedimiento.

De acuerdo con los estrados del Juzgado Cuarto de Distrito, Graco Ramírez presentó su demanda el pasado 2 de septiembre y el juez federal advierte que por ahora no puede pronunciarse sobre la improcedencia del juicio político, pero en un párrafo siguiente explica que aunque existe la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones emitidas por los Congresos de los Estados en materia de juicios políticos, existe un criterio de la segunda sala de la SCJN donde expone que el juicio político tiene un curso específico y debe realizarse conforme a la formalidad esenciales del proceso.

"Su demanda fue admitida y registrada con número de expediente 673/2020 porque de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este juzgado conocer de aquélla, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo", dice el acuerdo del juez Cuarto de Distrito.

Subraya asimismo que en caso de denunciar de que el quejoso exhiba irregularidades en el procedimiento entonces sí son materia de análisis por la vía del amparo.

Más adelante el juez refiere que no se pudo dar trámite al incidente de suspensión solicitado por Graco Ramírez porque no exhibió todas las copias necesarias para hacer los traslados a las autoridades responsables, para el caos deberían ser 14 copias y solo presentó 12. Se subraya que hasta la entrega de las copias faltantes se pronunciará respecto a la solicitud de la suspensión o no del incidente reclamado.

Finalmente, el juez fijó la audiencia constitucional para el 23 de octubre del 2020.