Ferrocarrileros reciben respuesta del Gobierno federal
Tras la manifestación ocurrida el jueves por parte de la Fraternidad de Rieleros, para solicitar la intervención de la delegación de la Secretaría de Gobernación, los inconformes ya obtuvieron respuesta.
HERMOSILLO, SON.- Tras la manifestación ocurrida el jueves por parte de la Fraternidad de Rieleros, para solicitar la intervención de la delegación de la Secretaría de Gobernación, los inconformes ya obtuvieron respuesta por parte de las autoridades.
José Guadalupe Esquivel Valenzuela, representante de la fraternidad, indicó que la movilización también es para gestionar una audiencia con Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación.
Esto, ante la obstinación de las autoridades por solventar la liquidación de más de 700 trabajadores ferrocarrileros, desde muchos años atrás.
“Hemos tenido una serie de pláticas sobre este problema, pero ante el estancamiento de las platicas que habíamos sosteniendo en una mesa de negociaciones en México, hicimos este grito de presión a las autoridades”, explicó.
“Queremos solicitar y entregar un documento dirigido a la titular para abrir mecanismos y destrabar el estancamiento del diálogo para seguir avanzando, afortunadamente se comprometieron a establecer un nuevo contacto con los niveles superiores”.
Mencionó qué hay quienes sí han sido liquidados de manera correcta, pero existen compañeros que fueron jubilados por efecto de la privatización y otros que ya estaban en proceso.
Así como incluidas las viudas, beneficiarios, sucesores de compañeros que murieron durante este periodo, donde una organización alternativa al sindicato, no está litigando los casos.
Pierden casos
En este sentido, manifestó que la mayoría de los trabajadores han perdido su caso en los tribunales, ya que muchos han emprendido demandas en contra de las empresas concesionarias.
Por tanto, han hecho el llamado a la Secretaría de Gobernación, a través de la delegación Sonora para resolver el daño provocado por la privatización.
“Para lograr esa privatización, pusieron como condición despojarnos de nuestros derechos y eso generó juicios que fueron perdidos en las juntas, en su mayoría”, declaró.
Dicho lo anterior, solicitan que el Estado mexicano asuma, desde esta perspectiva, el costo social y repare los daños de los trabajadores, haciendo uso de los recursos de tributación que hacen las empresas concesionarias.
