Disminuye materia de control de confianza de policías municipales
Registraron un aumento en el número de elementos reprobados en la ciudad de San Luis Río Colorado con 64; Guaymas con 32; Cajeme con 30 y Nogales con 10.
HERMOSILLO, SON.- Las policías municipales de Sonora retroceden en materia de control de confianza al arrojar que un 64.23% de elementos son aptos para portar armas de cinco mil 301 agentes que conforman sus filas, aseguró Manuel Emilio Hoyos, titular del Observatorio Sonora por la Seguridad.
Además los municipios donde se plantearon cambios para mandos militares no han dado señales de mejoría con relación al cierre del año pues representan el 56.92% de elementos no aprobados, por lo que también planteó la necesidad de modificar las pruebas de control y confianza.“Los municipios donde se plantearon los cambios militares no han dado señal de y al corte del 31 de diciembre observamos que representa el 56.92% en el estado”, señaló.
El titular del observatorio destacó que la información se dio a conocer en la presentación del reporte sobre la situación del control de confianza en corporaciones municipales en el que se planteó un comparativo entre el primer y segundo semestre del año que recién concluyó.
Recordó que las pruebas a las que hace alusión el reporte se componen de cinco evaluaciones y entre ellas toxicológicas, psicológicas, socioeconómicas, médicas y poligráficas cada tres años.
Con base en lo anterior, indicó un aumento en el número de elementos reprobados en la ciudad de San Luis Río Colorado con 64; Guaymas con 32; Cajeme con 30 y Nogales con 10, entre primer y segundo semestre 2019.
Al cierre del año pasado se contabilizó un total de 752 agentes que representan un total de 56.92% de los oficiales reprobados donde hay mandos militares.
Emilio Hoyos destacó la necesidad de modificar la legislación para sustituir la prueba del polígrafo y considerar la aplicación de segundas pruebas para elementos que no tengan vínculos con el crimen organizado o indicios de corrupción policial, así como el fortalecimiento de las oficinas de asuntos internos para el combate real a la corrupción al interior de las corporaciones.