Segalmex, premian a la contralora que no vio el desfalco

Mucha tinta y documentos se han publicado sobre el que será el mayor desfalco del sexenio de López Obrador y uno de los casos de corrupción documentados más grandes de la historia, y que tira por tierra el discurso de que con el gobierno de la "transformación" la corrupción había terminado. Pero en toda la trama de desvío de recursos millonarios del erario en Segalmex, en la que el director Ignacio Ovalle y sus colaboradores más cercanos participaron haciendo negocios con contratos directos para amigos empresarios y políticos, lucrando con los alimentos para los más pobres del país, pocos se han preguntado dónde estaba el Órgano Interno de Control (OIC) que debía fiscalizar y auditar las contrataciones y pagos millonarios en la dependencia alimentaria.

Cuando se descubrieron los millonarios desvíos que realizaba el equipo de Ovalle, encabezado por el hoy prófugo director de Administración, René Gavira, la titular del OIC era Rocío Corazón García Salas, una ingeniera en Acuacultura, que lejos de detectar y denunciar los contratos a modo para empresarios como Alejandro Puente, a cambio de sobornos millonarios para los altos funcionarios de Segalmex, se dedicó a abrir una gran de auditorías y revisiones que nada tenían que ver con el desfalco que ocurría en sus narices y lo único que hizo fue retrasar la integración de los expedientes para que las investigaciones se dilataran.

El resultado ante tantos expedientes abiertos fue que terminaran filtrándose a la prensa, vía legisladores de la oposición, cifras millonarias que llevaron a hablar de hasta 15 mil millones del quebranto a Segalmex y aunque la cifra la llegó a manejar en sus informes la contralora interna, nunca ha explicado dónde encontró ese tamaño de desfalco, porque en los expedientes y averiguaciones que tiene abierta la Fiscalía General de la República, el contrato más alto asciende a mil 600 millones de pesos por asignación directa para procesar leche bronca, en polvo y crema, que se otorgó al empresario Alejandro Puente, vinculado a la cúpula del partido Movimiento Ciudadano a través de su esposa Pilar Lozano, exdiputada emecista y actual representante del Gobierno de Nuevo León en la CDMX y, de su hija, Alejandra Puente, secretaria de Vinculación de MC.

La actuación de la excontralora de Segalmex siempre fue vista con recelo y desconfianza por parte de los encargados de las investigaciones en la Fiscalía General de la República. Y es que, cuando ya el escándalo de corrupción se había hecho público y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) comenzaron las primeras indagatorias, la ingeniera Rocío Corazón García en lugar de aportarle al Ministerio Público la documentación probatoria de los desfalcos y desvíos, se dedicaba a plantear "propuestas de conciliación" con los proveedores de Segalmex y Liconsa que estaban siendo investigados por ser parte del entramado de corrupción y proponía reunirse con ellos para "hacer acuerdos y pagarles". Eso hizo que le perdieran toda confianza en la Fiscalía.

Incluso, algo que comentan entre los acusados en el caso Segalmex y sus abogados, es que se sospecha de la actuación de la excontralora y de que pueda haber ayudado a la fuga de René Gavira, el principal acusado y actualmente prófugo, porque Rocío acudió personalmente a su domicilio particular para notificarlo de la apertura de las auditorías e investigaciones en su contra. 

Ya en el momento en que ella lo vio y tuvo contacto con él, Gavira estaba acusado y lo buscaba la Femdo. Unos días después de la notificación que le entregó personalmente en su casa la entonces contralora de Segalmex, Gavira se dio a la fuga. ¿Cómo interpretar esa notificación de la titular del OIC y que no le haya dado aviso a la FGR cuando ubicó en su casa al que ya entonces era señalado en los medios y la opinión pública como el principal acusado de los desvíos millonarios?

Lo más delicado de toda esta trama es que la ingeniera Rocío Corazón García, después de su poco clara actuación en la fiscalización de Segalmex y sus contratos irregulares, fue promovida para irse como titular del OIC al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, con todo y los cuestionamientos y sospechas que ya existían por su desempeño, y estuvo en esa posición hasta hace unos días, porque la excontralora que no vio el millonario desfalco en el organismo alimentario, ha vuelto a ser premiada con el nombramiento de titular del Órgano Especializado en Contrataciones de la Secretaría de Educación Pública, o sea que ahora será la supercontralora de todas las compras y adquisiciones del Gobierno federal.

Su llegada a esta posición estratégica justo en el año del cierre administrativo de la actual administración, responde a que la nueva supercontralora Rocío Corazón García es una cercana colaboradora de Gregorio Guerrero Pozas, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, con quien trabajó en la Secretaría de Gobernación cuando Guerrero Pozas fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

La pregunta es ¿cómo le van a confiar la contraloría de todas las compras gubernamentales a una funcionaria que en Segalmex tuvo contacto personal con el principal responsable del mayor desfalco al actual gobierno y no informó a las autoridades? Y ahora esa misma persona se encargará de revisar y fiscalizar todas las contrataciones públicas, justo en el cierre del sexenio y en pleno año electoral. No cabe duda que la fórmula de 90% lealtad y 10% experiencia, sumada a los amiguismos, nepotismos y compadrazgos que prevalecen en este gobierno, terminarán siendo excesivamente costosos para los mexicanos… Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.