El Presidente cruzó la raya

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado como el de un presidente que abusó de su poder y utilizó los medios y los recursos del Estado, junto al poder de la Presidencia de la República, para atacar, exhibir y difundir información privada y datos personales, patrimoniales y fiscales de periodistas críticos y de opositores a su gobierno. Si ya con Carlos Loret, el mandatario mexicano violentó todas las leyes que protegen la privacidad y los datos fiscales de un ciudadano mexicano, ayer con María Amparo Casar, directora de la organización Mexicanos contra la Corrupción, que investiga y documenta casos de corrupción política y gubernamental, López Obrador volvió a pasar todos los límites y utilizó de nuevo su poder para exponer y exhibir a la académica por el caso de suicidio de su esposo ocurrido en el año 2004.

Porque desde la Presidencia de la República se difundieron ayer acusaciones directas por un presunto acto de corrupción en contra de la académica y politóloga, que no sólo fueron hechas de palabra desde la conferencia presidencial por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sino también por el propio Presidente que utilizó el suicidio del esposo de Casar para exhibirla y poner en duda su “autoridad moral” para investigar casos de corrupción. “Se demostró que fue un suicidio, para que se tratara como accidente y se pagara un seguro y una pensión vitalicia de 130 mil pesos mensuales a la señora. Con todo respeto, pero de repente se convierten en defensores de la democracia… ¿Cuál es la autoridad moral?”, dijo López Obrador, al encabezar la andanada contra la directora de la organización civil, en la que también mencionó al escritor Héctor Aguilar Camín, a quién le dijo: “¿Y que ya se le olvidó a Héctor que recibía dinero de Carlos Salinas de Gortari?”.

Fue primero el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien desde la misma mañanera en Palacio Nacional acusó directamente a María Amparo de incurrir en un acto corrupto en contra de la empresa petrolera. “Este es un caso importante porque es un caso de corrupción, encabezado por quien dice combatir la corrupción o por quien encabeza a Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, pero en realidad son a favor de la corrupción”, dijo con sorna Romero Oropeza al contar su versión sobre la muerte de Carlos Fernández Márquez Padilla, ocurrida cuando cayó del piso 12 de la Torre de Pemex, que fue finalmente dictaminada por los peritos de la Procuraduría de Justicia del DF como un suicidio, pero los pagos de un seguro de vida y de la pensión post mortem solicitada por María Amparo se hicieron como si se tratara de un accidente de trabajo.

“Todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio”, agregó el director de Pemex, quien afirmó que por aquellas fechas Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín buscaron al entonces procurador capitalino, Samuel del Villar, “para pedirle que modificara el dictamen, que no pareciera suicidio sino que pareciera un accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue suicidio”.

Por la tarde de ayer continuó la andanada directa del Presidente y desde la página oficial de la Presidencia de la República se publicó el expediente judicial completo de aquel caso de la muerte de Carlos Fernández, quien al momento de su muerte se desempeñaba como coordinador de Asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. El documento oficial de la antigua Procuraduría capitalina, en el que se habla del suicidio del funcionario de Pemex, fue subido sin testar y exhibiendo los datos personales del fallecido y de sus familiares.

Las reacciones de los círculos académicos y políticos en defensa de María Amparo Casar no se hicieron esperar y condenaron lo que llamaron “el abuso del Presidente”. En un escrito firmado por José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Jaqueline Peschard, Ciro Murayama, Hortensia Santiago, Raúl Trejo Delabre, Patricia Ortega, Ricardo Becerra, Natalia Cervant es, Luis Emilio Giménez Cacho y Rubén Álvarez, entre otros, se acusó al mandatario de traspasar los límites de su poder. “Con la publicación de un expediente repleto de documentos y datos personales, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompe los límites legales, pero también morales, que organizan la vida pública en nuestro país. En su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el Presidente quebranta varias leyes, enrarece aún más el debate público a menos de un mes de las elecciones y lastima a una familia”, dicen los académicos y exfuncionarios del INE en su carta.

Señalaron también que “los documentos ilegalmente exhibidos esta tarde por la Presidencia de la República no aclaran en absoluto la supuesta irregularidad en el pago de un seguro de vida hace dos décadas. Su difusión infringe la secrecía en el manejo de datos personales. Lo que muestra la publicación de ese expediente es una conducta enfermiza, con un abuso de poder inusitado, por parte del Presidente de la República. El poder no es ni debe ser absoluto, caprichoso, ni vengativo. Las agresiones de la Presidencia a los ciudadanos deben cesar”, exigen los firmantes.

Y más allá de las razones claramente políticas que el Presidente tenga para emprender una campaña en contra de María Amparo Casar, es cierto que el poder de la Presidencia no puede usarse para venganzas y ataques en contra de una ciudadana que además es crítica del gobierno. Pero no es la primera vez que López Obrador actúa abusando de su poder y quién sabe también si sea la última en los cinco meses que le quedan a su gobierno. Sobre todo porque el Presidente cada vez está más descarado en su actuación como jefe político y jefe de la campaña de Morena y de su candidata presidencial, a la que un día elogia y el otro dice que “va a ganar Sheinbaum”.

En ese afán, López Obrador ha cruzado la raya de lo legal y lo moral en la actuación de un Presidente frente a los ciudadanos. Se metió con la vida privada de una ciudadana para acusar un acto de corrupción que ni siquiera queda plenamente probado con el expediente judicial ilegalmente difundido desde la Presidencia. Pareciera que Andrés Manuel sigue empeñado en cosechar agravios, resentimientos y ofensas hasta el último día de su presidencia. Nomás que el inmenso poder de la Presidencia se acaba en cuanto termina el sexenio, y quién sabe si quien gane la elección presidencial querrá cargar con todos esos agravios y resentimientos que dejará el tabasqueño y que, sin duda, una vez que ponga un pie fuera del Palacio, muchos de los ciudadanos lastimados y ofendidos desde la Presidencia, se las van a querer cobrar al que ha dicho que se irá a “La Chingada”... Se cierra la semana y los dados mandaron Serpiente Doble. Buen fin de semana para los amables lectores.