Empieza nuevo show: FGR cita a abogados por caso Colosio

A unas semanas de que se cumplan 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y con el fiscal Alejandro Gertz Manero, que cumple ya dos meses ausente de su cargo por enfermedad, la Fiscalía General de la República comenzó sus nuevas investigaciones sobre el magnicidio del excandidato presidencial del PRI con un citatorio oficial que giró a dos abogados de Tijuana, que intervinieron en la primera declaración ministerial de Mario Aburto Martínez, asesino confeso y solitario de Colosio. Se trata de los abogados Xavier Alfonso Carvajal Mercado y Marco Antonio Macliz Mercado, quienes debieron comparecer ayer miércoles a las 10:00 de la mañana en las oficinas de la Delegación Estatal de la FGR en la zona del Río Tijuana.

El citatorio fue girado y firmado por el agente del Ministerio Público Federal, Guadalupe Pilar Rascón, adscrito al "Equipo Especial de Investigación y Litigación para el Caso Luis Donaldo Colosio Murrieta", grupo creado dentro de la FGR para realizar las nuevas indagatorias de un asesinato cometido hace 29 años y 11 meses en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Las nuevas diligencias se sumarán a las 68 mil fojas y miles de documentos contenidos en la AP 743/94, en la que participaron cuatro fiscales distintos, infinidad de agentes investigadores, peritos y ministerios públicos, que por más de seis años revisaron una y otra vez las evidencias, videos, declaraciones de testigos y la confesión de Mario Aburto Martínez, para concluir en el año 2000, con el último fiscal Luis Raúl González Pérez, que "no existían evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto como el único autor intelectual y material del asesinato".

Con el citatorio a los dos abogados de Tijuana inicia la nueva investigación de un caso ocurrido hace tres décadas, mientras la misma Fiscalía acumula un sinfín de expedientes y casos sin resolver, lo mismo de corrupción, asesinatos, narcotráfico, feminicidios, violaciones y secuestros. Pero ahora la prioridad será tratar de encontrar nuevos indicios o evidencias sobre la muerte de Colosio, una decisión que tomó a partir de una petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra, a partir de una carta de Mario Aburto donde denuncia haber sido torturado en sus declaraciones ante las fiscalías especiales de la extinta PGR.

No es difícil advertir que en el escritorio del ausente fiscal Gertz y del resto de los fiscales de la FGR hay asuntos mucho más apremiantes, graves y urgentes, que un magnicidio ocurrido hace 30 años y sobre el que difícilmente encontrarán nuevas líneas o evidencias tres décadas después. Por mencionar sólo un caso mucho más relevante en estos momentos en manos de la FGR, están los desvíos millonarios denunciados en Segalmex hasta por nueve mil 500 millones de pesos, sobre los cuales la Secretaría de Agricultura ha presentado ya 53 denuncias penales, de las cuales se desconoce su avance, tanto que ayer mismo el INAI, a través de su comisionada Norma Julieta del Río, ordenó a la Fiscalía que entregue información sobre las denuncias presentadas por los desfalcos a Segalmex y Liconsa, que la FGR se ha negado a informar ante peticiones de transparencia de ciudadanos.

Pero es claro que, como ha sido la constante en su actuación en estos cuatro años, la Fiscalía vuelve a priorizar sus investigaciones y asuntos por razones políticas más que por la obligación que tiene de procurar justicia pronta y expedita a los mexicanos. Y es que en estos momentos de tanta violencia e inseguridad en México, donde los homicidios dolosos en lo que va del sexenio ya superan los 170 mil mexicanos asesinados y en donde todos los días hay masacres, ejecuciones, balaceras y feminicidios, reabrir una investigación de un asesinato ocurrido hace 30 años, por más que haya sido un caso que conmocionó al país en su momento y sobre el que siempre hubo más dudas que certezas, parece un acto no sólo de frivolidad, sino claramente un distractor de los problemas graves del país y al que se presta una Fiscalía autónoma y presuntamente ciudadana.

Si la Fiscalía de Gertz Manero no pudo probar los sobornos que, según acusó Emilio Lozoya, repartió el gobierno de Peña Nieto para aprobar sus reformas y no pudo procesar a uno solo de los señalados; si tampoco ha podido terminar el proceso contra el exdirector de Pemex al que le siguen posponiendo audiencias y no termina de pagar el presunto daño millonario a la empresa petrolera; si tuvo en la cárcel casi tres años a Rosario Robles sin probarle delito alguno; si a Juan Collado lo mantiene también preso sin lograr demostrar los delitos que le imputaron y hasta fallaron en utilizarlo como "testigo" en contra de Julio Scherer y sus amigos abogados; si no pueden procesar el desvío multimillonario de Segalmex, por citar sólo algunos casos, ¿qué haría pensar que van a poder resolver el asesinato de Colosio y llegar a una conclusión distinta a la del asesino solitario?

Vaya, para ser más específicos, si las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurridas hace ocho años tampoco pudieron ser procesadas por la Fiscalía -que terminó desistiéndose de manera inédita de las acusaciones y ordenes de aprehensión contra 16 militares- y terminaron siendo un fracaso rotundo para la FGR y para el gobierno de López Obrador, está clarísimo que nada podrán hacer en el caso Colosio, como no sea crear cortinas de humo o citar y detener a personas por delitos que, en muchos casos ya prescribieron. Todo para hacer más circo que justicia; todo para ayudar a la 4T de López Obrador a seguir distrayendo a la ciudadanía y a la opinión pública, mientras procrastinan, por insensibilidad, incapacidad o negligencia, la solución de los problemas reales y urgentes de los mexicanos... Dados girando. Capicúa. Se repite el tiro.