¿Será un general como Cresencio o un "hijo de general" como Lázaro?

Preguntando entre cercanos al Palacio Nacional si la idea del presidente López Obrador de abrir la puerta a un general para que pueda competir por la Presidencia de la República lleva alguna dedicatoria o nombre específico, al menos dos fuentes nos aseguraron que en quien piensa el mandatario cuando manda a Adán Augusto López a abrir el debate sobre un militar compitiendo en las elecciones presidenciales es en su secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a quien no solo considera "un militar ejemplar, surgido de abajo, del pueblo y no de las élites castrenses", sino que además le ve tamaños y, sobre todo lo que más valora y reconoce el presidente: lealtad incondicional y a toda prueba.

Pero no es que López Obrador necesariamente esté pensando en que el general secretario renuncie a su cargo al menos seis meses antes para poder ser habilitado como candidato presidencial, según marca la ley electoral, nos precisa una de las fuentes. Si bien el presidente no duda que Cresencio Sandoval podría ser un candidato legítimo y que represente "al pueblo uniformado", como llama él al Ejército, en realidad lo que busca el tabasqueño es abrir un debate sobre una de las reglas "no escritas" del viejo sistema priista; una que ha permanecido intacta desde hace 82 años, tras la presidencia del general Manuel Ávila Camacho y que se convirtió en un tabú intocable para el antiguo régimen, pero también en un factor indiscutible de estabilidad política y gobernabilidad para la República.

En realidad, al decir el secretario de Gobernación que un militar "sí puede ser candidato a la Presidencia", no está mintiendo ni tampoco revelando algo que no esté considerado en la ley y en la Constitución de la República. Los militares, de cualquier rango y sobre todo los generales, tienen los mismos derechos políticos y electorales que cualquier ciudadano mexicano y les aplica igual que a cualquier ciudadano la fracción 1 del artículo 41 constitucional que establece que todo ciudadano mexicano "tiene derecho a votar y ser votado". Pero son el momento, el contexto actual y la coyuntura particular de cuando lo dijo Adán Augusto, lo que le da un carácter provocador y en cierta forma explosivo a su declaración.

Porque justo cuando se debate sobre la militarización en la República y sobre el uso político que el presidente hace del Ejército y las Fuerzas Armadas, al asignarles cada vez un mayor número de funciones y labores civiles, lo que conlleva también presupuestos millonarios, responsabilidad administrativas y económicas y hasta riesgos de corrupción y desgaste para las fuerzas castrenses, López Obrador manda a su hombre de confianza a soltar una declaración, en pleno Congreso del estado de Hidalgo, que cuestiona a la mencionada "regla no escrita" y pone los reflectores, a querer o no, en los actuales titulares de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, que son además dos de los funcionarios del gabinete con los que más habla el presidente.

Pero lo que puede parecer una "imprudencia" del secretario de Gobernación, sería más bien una especie de "escape de López Obrador" para buscar proteger a sus candidatos civiles: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el propio Adán Augusto. Más que una propuesta de distracción, es una especie de juego del presidente para cubrir y blindar a los que él llama "mis corcholatas". No es, pues, que el general Luis Cresencio se vaya a convertir en una corcholata de color verde olivo, sino más bien que, desatar en el imaginario de los mexicanos la idea de un militar despachando en la Presidencia, busca al mismo tiempo que validar y legitimar el empoderamiento creciente del Ejército, cuidar a sus tres prospectos para que sigan avanzando y haciendo campaña aunque violen flagrantemente las leyes y no expliquen de dónde sale el dinero público para su promoción personal y política.

Y aquí viene quizás lo más real e interesante de todo este asunto: otra de las fuentes consultadas de la Presidencia nos dice que, más que un candidato general en 2024, lo que sí podría ocurrir es que López Obrador estuviera pensando y habilitando a un "nieto de general" como candidato presidencial. Y ese nieto de militar sería Lázaro Cárdenas Batel, actual coordinador de asesores del presidente. En una de esas todo este asunto de los militares a la Presidencia, que por lo pronto ha desatado todo tipo de reacciones, desde las condenas y cuestionamientos hasta los que sí votarían por un militar, es sólo un preámbulo para prepararle el terreno a la cuarta corcholata, que proviene de una estirpe legendaria en la política nacional: la del general Lázaro Cárdenas del Río.

¿Será entonces que Lázaro Cárdenas Batel, que tiene nombre y apellido de prosapia y de escuelas, calles y avenidas que hay en toda la República, se incorporará como la cuarta corcholata? Ya sea para que el exgobernador de Michoacán vaya a competir realmente por la candidatura de Morena en 2024 o para ser un elemento de validación y legitimación de la corcholata favorita, la idea no suena nada descabellada en cualquiera de los dos escenarios.