El fracaso de la política migratoria y la militarización del INM

La imagen del presidente López Obrador desesperado en su camioneta Suburban blanca, discutiendo con los migrantes que lo rodearon y lo increparon este viernes en Ciudad Juárez y tratando de abrirse paso ante las protestas y los gritos de "gobierno asesino", es la muestra gráfica más contundente del fracaso rotundo de la política migratoria de la 4T. Porque si bien este gobierno empezó con muy buenas intenciones y ofreciendo "brazos abiertos" y paso libre a los "Estados Unidos", además de visas y trabajo para los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, al final ni agua les dio, los encerró en cárceles militarizadas, violentó sus derechos humanos elementales y por eso empezó el infierno.

Y es que dice el refrán, precisamente, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y así lo confirma la tragedia de Ciudad Juárez, un auténtico crimen de Estado, en el que murieron 39 en un centro de detención donde los tenían supuestamente bajo custodia, pero terminaron abandonándolos a su suerte, ante un incendio del que no pudieron escapar porque el funcionario responsable, el director de ese centro de detención provisional, al que hoy ya cerraron definitivamente y quieren desaparecer, un contralmirante de la Marina, Salvador González Guerrero, habría dado la orden de que no abrieran las rejas, aun a pesar del incendio que mató a los 39 migrantes y a otros 27 los dejó heridos, al menos 10 de ellos actualmente intubados y en estado de gravedad.

Porque nadie duda que las intenciones del gobierno de la 4T eran buenas en un principio. Tenía razón el presidente López Obrador cuando escribió que "el Ejército no debe intervenir para resolver conflictos de origen social… no debe utilizarse para asumir funciones que competen al gobierno civil o para suplir las incapacidades políticas de los gobernantes. La opción de utilizar la fuerza, sin importar con qué palabras se disfrace, conduce a la mayor represión y sufrimiento social y a más riesgos para la paz y la estabilidad política de la nación" (Proyecto Alternativo de Nación, páginas 129-130, 2004).

También la tenía cuando plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo que "el Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis humanitaria debida al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones" (PND, página 32).

El problema fue que, ya en los hechos y ante el crecimiento de las olas de migrantes que cruzaban por la frontera sur del país, con rumbo a los Estados Unidos, hizo todo lo contrario. En junio de 2019, cuando su gobierno empezaba, desplegó a la Guardia Nacional, integrada fundamentalmente por soldados, en la frontera con Guatemala para impedir el paso de migrantes con rumbo a Estados Unidos, porque así pactó y aceptó el canciller Marcelo Ebrard en Washington, ante la amenaza de los Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. Y mientras el presidente López Obrador celebró en Tijuana, el 8 de junio de 2019, un supuesto "acto de dignidad nacional", festejando que no habría finalmente aranceles a los productos nacionales, tres años después, en abril de 2022, el expresidente Donald Trump presumió haber obligado a López Obrador a militarizar la frontera sur de México. "Nunca había visto a nadie doblarse así", remachó.

Además del despliegue de 30 mil soldados, cuyos abusos fueron documentados por la prensa internacional, el Instituto Nacional de Migración, el organismo encargado de controlar el tránsito de migrantes por el territorio nacional fue puesto en manos de un carcelero, amigo del presidente López Obrador, Francisco Garduño Yáñez, quien entregó el mando de 17 delegaciones y estaciones migratorias -un eufemismo para cárceles- a altos mandos militares del Ejército y la Marina.

El componente policiaco y militar se dejó sentir de inmediato en el fenómeno migrante: por un lado, se endureció el trato a los migrantes, que eran detenidos y llevados a los centros o estaciones migratorias, y eso hizo que los mismos migrantes optaran por rutas más peligrosas para evadir las detenciones. El INM decidió neutralizar a los famosos Grupos Beta, formados por agentes migratorios con uniforme distinto y equipo todoterreno, cuyo objetivo era rescatar a los migrantes de las zonas más peligrosas, lo mismo en las montañas que en los desiertos. Esos grupos que llegaron a salvar muchas vidas de migrantes desfallecidos, también tuvo denuncias de corrupción y, aunque sigue apareciendo en la estructura operativa del Instituto, los secaron de recursos y prácticamente los desaparecieron.

La militarización del INM generó también otro problema: el miedo del Presidente a los militares. No los toca para nada, ni siquiera por los salarios, aunque todos los generales ganan más que él. Eso sí, todos los días critica a los ministros de la Suprema Corte y a los consejeros del INE, pero a los generales no los cuestiona ni los toca ni por equivocación. Por eso, a pesar de la tragedia, no han destituido del cargo al delegado del INM en Chihuahua y hasta ahora no aparece tampoco entre las 6 órdenes de aprehensión libradas, el contraalmirante González Guerrero.

Conforme se fue militarizando la política migratoria, el Instituto Nacional de Migración fue cerrando las puertas de sus cárceles a toda mirada ajena y haciendo más difíciles las visitas de organismos defensores de migrantes y de sus derechos, con excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que consideran una aliada, creyendo que cerrará convenientemente los ojos para no molestar al Presidente; pero aun así, con todo y el sometimiento de su titular Rosario Piedra, los visitadores de la CNDH documentaron en diversas recomendaciones hechas al titular del INM, Francisco Garduño, un sinfín de casos de violación de derechos, abusos, maltratos y detenciones arbitrarias en contra de migrantes de centro, Sudamérica e incluso de otros países.

Y justo cuando el Presidente acababa de afirmar que "en México ya no hay violación de derechos humanos" y había acusado "mentiras y politiquería" el reciente Informe Sobre Derechos Humanos del Departamento de Estados Unidos, y había dicho el pasado 22 de marzo desde su mañanera que: "En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados, nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie". Vino la tragedia de Ciudad Juárez, con sus 39 migrantes muertos por asfixia o calcinamiento, y le golpeó en la cara a López Obrador… Los dados mandan Escalera Doble. Felices vacaciones para todos los que ya las comenzaron. Aquí seguirán rodando los dados aun en los días santos.