El juez que regañó a la FGR

El sorpresivo anuncio de que Rosario Robles Berlanga decidió declararse "culpable" del delito de omisión del que la acusa la Fiscalía General de la República, por los desvíos millonarios de la “Estafa Maestra”, representa un giro total en la estrategia de defensa de la exsecretaria peñista. Al aceptar su culpabilidad, Rosario tendría derecho a un "proceso abreviado" en el que el juez que lleva el caso le dicte a la brevedad una sentencia que, según el Código Penal, por su conducta omisiva que le imputan sería de un máximo de tres años y con el beneficio de reducción de pena, por su confesión, quedaría en un año y medio, tiempo que ya cumplió en prisión, por lo que tendría que ser liberada en cuanto le den sentencia.

Y es que, aunque Rosario le ofreció a la FGR declarar y dar información sobre quién y cómo ordenaron realizar los desvíos por cinco mmdp de Sedesol y Sedatu, para tratar de obtener el "criterio de oportunidad" y convertirse en "testigo protegido" para acusar a otros exfuncionarios del sexenio de Peña Nieto, nadie de la Fiscalía ni la MP Federal que lleva el caso, Mónica Martell Olguín, se presentó nunca a tomarle declaración o a escuchar la información y los datos que Robles Berlanga ofreció entregar desde el 25 de noviembre de 2020.

Por más de dos meses y medio ni Rosario ni sus abogados, que presentaron una solicitud formal para buscar el "criterio de oportunidad", tuvieron noticias de la Fiscalía y nadie acudió al penal de Santa Martha o solicitó una visita para ver y hablar a la acusada. La extraña apatía e inacción de la FGR motivó incluso que en la audiencia de ayer el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos hiciera un reclamo fuerte, en tono de regaño, a la MP Mónica Martell, cuando esta dijo a nombre de la Fiscalía que estaban interesados en llegar a un acuerdo y negociar con la acusada.

El juez preguntó a la MP por qué desde el 25 de noviembre pasado no fue a buscar y a hablar con la acusada, a lo que la fiscal Martell Olguín dijo que primero tenía que tener la autorización de su jefe, es decir, del fiscal Alejandro Gertz Manero. "Si usted está esperando que la señora vaya a declarar a la Fiscalía está equivocada porque ella no puede salir, está privada de su libertad, así que si usted no hace su trabajo, no entiendo qué quiere hacer con este caso", le reprochó el juzgador.

Y aunque Rosario Robles estuvo ausente de esta audiencia virtual que tuvo lugar el día de ayer porque la semana pasada tuvo una caída dentro del penal que le afectó el nervio ciático, luego de haber pasado varios días deprimida y con problemas de salud, sus abogados le pidieron al juez que aceptara la declaración de culpabilidad de su cliente, con lo que buscarían acelerar el proceso abreviado y obtener ya una sentencia que, con el año y seis meses que ya cumple este mes Rosario en la cárcel, prácticamente habría compurgado la pena de prisión que le corresponde y tendría que ser liberada.

Es decir, que en una de esas, ante la tardanza inexplicable de la FGR se quedaría sin acusada, sin caso y sin "testiga colaboradora".

Si eso ocurre, tal y como lo está buscando la defensa de Robles, sería un ridículo monumental para la Fiscalía que, de paso, tendría que explicar por qué no le tomó antes declaración a Rosario y por qué pretendió, como se lo reprochó el juez, alargar tanto los tiempos. No vaya a ser que en este caso de la extitular de Sedesol, como en el de Lozoya y otros casos importantes de corrupción que lleva la FGR, estén tratando de estirar al máximo los tiempos para que las audiencias y actuaciones judiciales coincidan con las campañas electorales que empiezan el próximo mes de abril.

Eso, de ser así, sería politizar la justicia o judicializar la política, en busca de un claro beneficio para el partido oficial Morena, algo que se supone que ya no pasa en estos tiempos de la 4T. Se supone.