Álvarez Puga en Michoacán: espionaje, corrupción y contrato en dólares

La red de contratos y corrupción del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga llegó también a varios estados de la República donde el empresario chiapaneco, hoy prófugo de la justicia, ofrecía distintos servicios a gobiernos estatales. El Gobierno de Michoacán contrató en 2017, con el gobernador perredista Silvano Aureoles, a una empresa de tecnología e informática propiedad de Álvarez Puga, a la que se le pagaron 132 millones de dólares en cinco años de duración del contrato (cerca de dos mil 700 millones de pesos) para instalar y operar un sistema de espionaje, a través del monitoreo y seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares que operó en la pasada administración.

Integra Software es la empresa a través de la cual el gobierno de Silvano Aureoles pagó a Álvarez Puga un contrato que el gobierno estatal aceptó firmar en dólares que se pagaban cada mes con el tipo de cambio imperante. Desde marzo de 2017 a abril de 2021, esa empresa recibió 2.5 mdd de pago mensual por sus servicios de "monitoreo y seguimiento" a las direcciones IP de todos los michoacanos. Fueron 51 meses de contrato y el primer pago fue de siete mdd, lo que en total representó un gasto de 132 millones de dólares que pagó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán durante los cinco años que duró el contrato.

El contrato, del cual está columna tiene copia, se hizo por adjudicación directa, se firmó en Morelia, en enero de 2017, en el segundo año de gobierno de Aureoles Conejo y tiene el número CAPDE-1SGAB-00117.

En el objeto del contrato se establece que la empresa de tecnología e informática instalará un centro que permita al gobierno estatal "el monitoreo y actualización constante de las direcciones IP (computadoras, teléfonos y tabletas) en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios".

De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese "sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP", se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas.

El vínculo con Álvarez Puga

Integra Software es una de las varias empresas que el empresario prófugo, Álvarez Puga, utilizaba para obtener contratos y facturar servicios a secretarías del Gobierno federal y a los gobiernos estatales. En un reporte de contabilidad interno del empresario chiapaneco se reporta la facturación de varias empresas que, de acuerdo con las denuncias de la Procuraduría Fiscal, del SAT y de la UIF, eran utilizadas como "factureras" y que, en algunos casos se trataba de empresas fantasma que aparecen mencionadas en contratos firmados con distintas dependencias federales y estatales.

El contrato entre el Gobierno de Michoacán y la empresa de Álvarez Puga para instalar el centro de monitoreo y espionaje de direcciones IP se pactó para pagarse en dólares, en un hecho que según abogados expertos no es ilegal para un gobierno estatal, aunque sí es inusual, por el riesgo que representa para las finanzas públicas en caso de una devaluación del tipo de cambio.

Sobre el uso de "los datos y la información" que se recabó a través del espionaje y seguimiento de las direcciones IP en Michoacán y otras partes del país, una de las cláusulas señala que "son para uso exclusivo del gobierno", aunque nunca detalla qué tipo de uso tuvo toda esa información recabada de usuarios de teléfonos celulares, equipos de cómputo y otros dispositivos de comunicación... Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.