A Huerta y Toledo les dieron tiempo de huir

El desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT, el primero acusado de violación de un menor y el segundo de corrupción y enriquecimiento ilícito, se consumó finalmente ayer y ambos podrían ser detenidos y procesados de manera penal por los delitos graves que les imputa la Fiscalía de Justicia de la CDMX; solo que hay un pequeño problema: todo indica que el morenista y el petista ya se dieron a la fuga y que los casi cuatro meses que se tardó la mayoría de Morena en procesar el juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, les permitió huir y esconderse de la justicia hasta con cierta tranquilidad.

Y es que en los casi cuatro meses que transcurrieron desde que el diputado Huerta fue denunciado por los padres de “Cristopher” el 21 de abril pasado, día que incluso estuvo detenido y declaró ante la Fiscalía de la CDMX, el legislador tuvo tiempo de sobra para planear su estrategia de huida. A partir de ahí todo fueron pretextos, burocratismos, extrañas ausencias de diputados en la Sección Instructora cuando se iban a votar los juicios de procedencia de Huerta y Toledo. Morena pasó del discurso de que ellos “son diferentes” a retrasar y posponer en varias ocasiones la declaratoria de procedencia, con el argumento de que “ya no daba tiempo para seguir todo el procedimiento legislativo”.

Aquel último día de abril, cuando la Cámara se erigió en jurado de Procedencia, sólo se discutió y aprobó el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y a Toledo y a Huerta, se dijo, se les procesaría en un periodo extraordinario de sesiones. Pero pasaron los meses y cada intento de proponer el desafuero de los dos diputados afines a la 4T en la Comisión Permanente se topaba con un boicot de diputados del PT, tal y como ocurría también en la Sección Instructora, donde se presume que diputadas del Partido del Trabajo, como María del Carmen Bernal o la priista Claudia Pastor, fueron presionados o coaccionadas por el propio Toledo para obstaculizar el dictamen de desafuero que finalmente fue aprobado por la Sección Instructora el 11 de julio.

Un mes le tomó a la Comisión Permanente poder convocar a un extraordinario para votar el desafuero por el boicot de legisladores morenistas y el PT a varios intentos por hacerlo, el más reciente y sonado ocurrió el 27 de julio en la sesión de la Permanente en el Senado, en donde el tema del desafuero de los dos legisladores se mezcló con otros asuntos como la ley del outsourcing y el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, lo que entrampó los acuerdos e hizo que congresistas de Morena, PRI y PAN se enfrascaran en un debate que terminó por impedir que el asunto de los diputados procesados se incluyera en un periodo extraordinario.

Aquel hecho incluso ocasionó que unos días después, públicamente, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le reclamara al líder del Senado, Ricardo Monreal, no haber incluido el desafuero en el extraordinario, reclamo que fue rechazado por el zacatecano, en una clara muestra de que el tema del diputado violador dividió también a Morena y la 4T entre los que querían que se le desaforara y los que oponían resistencia.

Así que hoy, cuando desde Morena y la 4T presuman y se ufanen de que, “a diferencia de los del pasado, nosotros no permitimos la impunidad ni protegemos a delincuentes, aunque sean de nuestras filas”, habrá que concederles sólo una parte de esas afirmaciones. Porque es verdad que, en el pasado, el PRI y en ocasiones el PAN, se caracterizaron por proteger siempre las espaldas de los suyos y nunca procesaron solicitudes de juicio político y desafuero que se acumularon por decenas en la Cámara de Diputados. Pero también habría que decirles a los morenistas, que retrasar y alargar un proceso que pudieron desahogar en unas semanas y llevarlo a casi cuatro meses, también es una forma de proteger a presuntos delincuentes de su partido a los que se les dio la oportunidad de huir de una orden de aprehensión.