Un país sobrediagnosticado

Cada vez me es más difícil dar un nuevo enfoque a la situación caótica y surrealista que vive México. ¿Qué se puede decir, que algún colega no haya desarrollado ya en algún artículo dado a conocer en algún medio de comunicación?… Y… ¿qué podemos decir respecto a todos los foros de análisis a los que convocan importantes instituciones académicas y de la sociedad civil, e incluso la televisión y la radio?

En cualquier país de la importancia del nuestro -por faltas éticas de menor calibre y significación-, los funcionarios públicos renuncian avergonzados por haber sido descubiertos. En muchos países la sociedad destituye a funcionarios del más alto nivel simplemente por mentir a la ciudadanía.

Pero aquí en México la política ya perdió seriedad y dignidad, para convertirse en un “juego de corcholatas”, en el cual, quienes están considerados se sienten privilegiados y honrados por participar y quienes están fuera darían cualquier cosa por estar incluidos. ¿Y la dignidad?

La política se está convirtiendo en una parodia y sin embargo, no debemos olvidar que las decisiones políticas definen la diferencia entre la vida y la muerte para muchos mexicanos: las víctimas de la violencia por un lado y por otro, las víctimas de un sistema de salud deficiente e ineficiente, donde el presupuesto es determinante y no la vida de los enfermos.

Del mismo modo que como sociedad nos hemos acostumbrado a aceptar como normal una violencia desmedida -equiparable a la que existe en países con conflictos militares-, el alto nivel de tolerancia de los mexicanos ha normalizado la violación sistemática del Estado de Derecho por parte de quienes ejercen liderazgo político al más alto nivel.

Nuestros gobernantes asumen que el cargo ganado de manera legítima en una elección democrática les confiere la atribución de mantenerse al margen de la Constitución -esa misma que cuando fueron investidos de tan honrosa responsabilidad-, juraron cumplir y hacer cumplir.

Los líderes de opinión hoy estamos atrapados en la suposición de que, exhibiendo las violaciones a la ley -ya sea que se hayan realizado de forma directa, o protegiendo a quienes las cometen-, es suficiente para que se finquen responsabilidades jurídicas. Sin embargo, día tras día vemos que exhibir públicamente la información que evidencia acciones delictivas no es suficiente para que haya consecuencias.

Lo que estamos viendo es que nuestras instituciones -aun estando legitimadas y siendo respetadas-, carecen de la fortaleza y los recursos punitivos, para imponerse sobre los funcionarios públicos de la élite política, a fin de que sus actos inmorales tengan consecuencias jurídicas. Necesitamos pasar del diagnóstico al “tratamiento” jurídico.

¿Y la sociedad? … está atrapada en las falacias del mundo virtual, suponiendo que con los memes que ridiculizan y castigan con el escarnio público a políticos sin moral y sin honor, habrá consecuencias.

Cualquier político “de medio pelo” sabe que el nombre del juego es resistir cuando son descubiertos mediáticamente en actos de corrupción -o incluso cometiendo delitos- pues pronto llegará un nuevo escándalo con otros actores políticos, que los sacará del ojo del huracán y todo el problema se desvanecerá en cuestión de días, sin importar la gravedad de las acciones denunciadas.

Los políticos de hoy ya nos tomaron la medida. Saben que los memes -lejos de constituir un castigo-, despresurizan la tensión y el enojo colectivo, para que todo se desvanezca.

La única forma de hacer que este país retome el camino de la institucionalidad y el Estado de Derecho es a través de interponer los recursos jurídicos correspondientes. De esta forma se sientan precedentes jurídicos que en el futuro pueden detonar en justicia cuando los funcionarios públicos -sin importar el altísimo nivel que hoy tengan-, dejen el cargo y se vuelvan vulnerables.

RICARDO HOMS

Twitter: @homsricardo

Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación