Conflicto (de interés) en Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador está metido en un dilema porque su palabra en contra de la impunidad sonará hueca a menos que tome acciones que probablemente afecten a su hijo José Ramón y a su esposa Carolyn Adams. El Presidente navega un río que va rumbo a una catarata, que comenzó con la revelación de su residencia en Houston, propiedad de un petrolero que obtuvo contratos millonarios con Pemex, que desató un debate ácido y altanero, donde el fondo de la discusión está ausente. ¿Hay o no un conflicto de interés en el que quedó atrapado López Obrador? De acuerdo con la información pública disponible, sí lo hay.

El conflicto de interés no significa automáticamente que se trata de un delito, y plantearlo de esa manera enturbia la discusión y la vuelve superficial. La definición del conflicto de interés la centra cuando los intereses personales familiares, de amistades, o vínculos financieros o factores sociales, pueden comprometer el juicio de la persona o sus decisiones, al introducir dilemas que llevan a los prejuicios. Esto sucedió, por ejemplo, con el empresario sinaloense Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, que quedó en el centro de una turbulencia en noviembre de 2014.

Una de las empresas de Hinojosa fue agente inmobiliario en la adquisición de una casa de Angélica Rivera, esposa en ese entonces presidente Enrique Peña Nieto, que quedó manchado con la tinta indeleble de la corrupción, que nunca se probó ni pasó de la retórica, pero se anidó fuertemente en el imaginario colectivo que como resultado de aquella operación de compra-venta, lo considera un ratero. Hinojosa, años antes de conocer a Peña Nieto, hacía negocios en el Estado de México, y cuando su amigo llegó a la Presidencia, participó en uno solo, el tren bala México-Querétaro, que al final no se construyó.

La cercanía con el Presidente lo benefició indirectamente, y aunque no tenía contratos con el Gobierno federal, sí abundaban los adjudicados en todo el país. Después del escándalo de la llamada “casa blanca”, los contratos con Hinojosa comenzaron a ser cancelados y fue perdiendo acceso, al grado de que tuvo que recortar en 50% la nómina y el gasto de sus empresas. En su caso, el conflicto de interés no tenía que ver con ningún acto de corrupción, pero incurrió en el amiguismo y el influyentismo para beneficiarse, que no se tipificaba como delito, pero chorreaba ilegitimidad.

Al hablar de su primogénito, López Obrador dijo que debía investigarse todo para que no hubiera impunidad, aunque fuera su hijo. El Presidente tiene en la cabeza la posibilidad de un delito, y por ello pide la investigación, saltándose que es el tema de saque es la legitimidad de las acciones de su familia. Piensa en que no lo comparen con Peña Nieto, no en resolver el conflicto de interés existente, que se deriva de que la señora Adams, casada con José Ramón desde 2019, tiene una larga carrera en el sector petrolero.

Tan sólo por ese pasado, mudarse a la casa de Keith Schilling cuando era presidente ejecutivo de Baker Hughes, que tiene negocios multimillonarios con Pemex, tendría que haber sido razón suficiente para no rentarla, a fin de evitar suspicacias. Si ello era de sí un tema delicado, más sospechas levantan porque empezaron a vivir ahí un mes después de que firmara un nuevo contrato con Pemex por 85 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción. Hay, cuando menos, un evidente conflicto de interés, que permite preguntarse de manera legítima si esa operación inmobiliaria se dio de la misma manera como las empresas de Hinojosa obtuvieron contratos con gobiernos estatales: por su cercanía con el Presidente. Una vez más hay que reiterar que el conflicto de interés no representa de forma mecánica un delito. Tiene que probarse que sí se cometió.

En el caso de Adams, está claro que la relación con la familia presidencial la benefició a ella y a sus negocios, como sucedió en septiembre del año pasado, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cedió 2.5 hectáreas en la isla de Holbox que habían estado protegidas desde 2016 a Desarrollo Inmobiliario Xunnan, una empresa filial de Stella Holding, cuyo principal socio es el empresario regiomontano Carlos Álvarez de Alba, de acuerdo con medios en Yucatán y la Ciudad de México. Entre las varias empresas que maneja Álvarez de Alba se encuentra Cava Energy, una empresa petrolera proveedora de Pemex para la que también trabajó la señora en Monterrey en 2016, donde vive Álvarez de Alba.

Las acciones de la señora Adams no hacen menos responsable a su esposo. Incluso él puede no haber participado de negociaciones que pudo haber hecho su esposa, pero no podía extraerse de lo que su apellido y condición significa. Hipotéticamente hablando, la renta de la casa Schilling pudo haberse dado por la relación de Adams con los petroleros, pero es más difícil explicar y entender por qué la Secretaría del Medio Ambiente modificó zonas reservadas en Holbox para beneficiar a la empresa donde trabajaba la nuera del Presidente.

López Obrador no puede hacer ahora una defensa personal y deslindarse de su hijo pidiendo una investigación para determinar si hay corrupción o no. Más allá que la orden del Presidente al fiscal Alejandro Gertz Manero sea sepultar cualquier imputación de presuntos actos de corrupción y manejo de recursos de procedencia ilícita de sus hermanos, hablar en el caso de su hijo en términos de un crimen no es el principio del camino sino, eventualmente, el final. Aún otorgándole el beneficio de la duda sobre la inexistencia de un delito, el conflicto de interés existe, y es lo que tiene que resolver mediante, por ejemplo, revocando la cesión de tierras en Holbox y revisando los contratos de Baker Hughes con Pemex.

Si en efecto, como afirma López Obrador, no es igual que Peña Nieto, esta es una muy buena oportunidad para demostrarlo.

Raymundo Riva Palacio

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