El crimen organizado reta a México

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 volvió a colocar a México entre los países con mayor presencia y sofisticación criminal del mundo. No es una sorpresa, pero sí un recordatorio contundente: tenemos mercados criminales muy fuertes y una capacidad institucional que no avanza al mismo ritmo. Esa brecha explica buena parte de la violencia, la impunidad y la sensación de descontrol que viven muchas regiones del país.

Según el Índice, México obtiene una puntuación de 7.68 sobre 10 puntos en criminalidad, lo que nos ubica en el tercer lugar global, sólo superados por Myanmar (8.08) y Colombia (7.82).

Esto refleja la fuerza de mercados como el tráfico de drogas, armas, personas y, especialmente, la extorsión, que se ha convertido en un “impuesto criminal” que afecta a pequeños comercios, transportistas y empresas en todo el país. El tráfico ilícito de migrantes y las drogas sintéticas también alcanzan niveles críticos, mostrando redes criminales altamente rentables y bien organizadas.

En contraste, nuestra resiliencia institucional apenas llega alrededor de 4.5, lo que evidencia que el Estado mexicano no ha logrado construir capacidades suficientes para contener esta amenaza. El país mantiene zonas donde el Estado no ejerce control pleno, una justicia lenta y con alta impunidad, y una prevención del delito débil, que no logra enfrentar las causas profundas del reclutamiento criminal ni reducir las oportunidades para que estas economías ilegales prosperen.

A ello se suma la corrupción, que permite la infiltración del crimen en gobiernos locales, policías y estructuras administrativas.

Sin embargo, el índice también muestra que México tiene oportunidades reales para revertir la tendencia. Destaca nuestra amplia red de cooperación internacional, que incluye acuerdos en materia de tráfico de armas, inteligencia financiera y persecución de redes transnacionales. Estas alianzas pueden fortalecerse para mejorar la persecución del dinero criminal, que es el verdadero motor de estas economías ilegales. Asimismo, el país cuenta con marcos legales y regulaciones económicas que pueden escalarse si se coordinan mejor las instituciones encargadas del combate al lavado de dinero y la supervisión financiera.

Otro punto clave es la sociedad civil, que en México ha tenido un papel activo en la exigencia de transparencia, la defensa de víctimas y el monitoreo ciudadano. Estas organizaciones, junto con el sector privado y medios locales, pueden convertirse en un aliado estratégico para impulsar reformas y vigilar su cumplimiento.

Finalmente, la tecnología abre una oportunidad decisiva. El uso de datos, inteligencia tecnológica, análisis territorial y monitoreo financiero permite anticipar rutas, detectar patrones de extorsión y seguir el rastro del dinero, herramientas que antes no existían con la fuerza actual.

El mensaje del Índice es directo: la criminalidad en México es muy alta, pero no inamovible. La tarea es cerrar la brecha entre la fuerza del crimen y la debilidad institucional. Para lograrlo, se necesita recuperar el control territorial, fortalecer la justicia, combatir la corrupción y apostar por la prevención. El problema es grande, pero la oportunidad de corregir el rumbo es real y urgente.