Acabar con la inseguridad: corresponsabilidad de gobierno y ciudadanos
La violencia ha rebasado todo límite. La reciente matanza de 13 personas, incluido un niño de un año de edad, en Minatitlán, Veracruz, ha generado una profunda indignación en todos los sectores de la sociedad mexicana que reclaman a las autoridades medidas efectivas para contener la grave ola de inseguridad y castigar a los culpables.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi correspondiente a marzo de 2019, 75% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Las urbes más inseguras fueron Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos, donde 9 de cada 10 habitantes se muestran preocupados frente a la gravedad de este fenómeno.
Hermosillo está a media tabla con un 63% de percepción de inseguridad. Las ciudades más seguras son Saltillo (26%) y San Pedro Garza García (34%). La inseguridad se resiente en el deterioro de los niveles de competitividad de los estados y los municipios.
Frente a la evidencia de que este primer trimestre de 2019 es el más violento que se haya registrado en México desde que existen estadísticas oficiales (8,737 homicidios dolosos), la reacción del Presidente López Obrador ha sido rechazar el agravamiento de la situación, argumentando contar “con otros datos” y, ante la evidencia de la crisis, prometer que la situación habrá de mejorar en “seis meses” gracias al impacto de los programas sociales gubernamentales y la entrada en operación de la Guardia Nacional. Un compromiso difícil de cumplir.
Ante este panorama, quisiera abonar las siguientes reflexiones. 1) Hay que escuchar a aquellos que llaman a dejar atrás una discusión centrada en la narrativa del Presidente y en la manera como se mide la violencia, para atender lo verdaderamente importante: el sufrimiento de las víctimas.
2) AMLO no puede reaccionar ante situaciones de crisis culpando a los conservadores. El Presidente debe mostrar mayores reflejos para responder a contextos adversos, porque es ahí donde se pone a prueba la capacidad directiva de un líder, y López Obrador lo es.
3) El Presidente debe abrirse a las buenas experiencias que se han generado en el pasado. Ciudad Juárez vivió una epidemia de violencia que tuvo uno de sus puntos culminantes en la matanza de 15 jóvenes estudiantes durante una fiesta en una colonia marginada en enero de 2010. El gobierno federal reaccionó con una estrategia integral de seguridad que incorporó acciones de reconstrucción del tejido social. Tijuana, por su parte, logró resultados importantes gracias a la alianza de las autoridades municipales con los empresarios y los ciudadanos organizados. La sociedad civil no es un enemigo, es un aliado vital en las estrategias de combate a la inseguridad.
4) El gobierno debe entender la complejidad del problema si verdaderamente quiere obtener resultados efectivos en el mediano plazo. La pobreza no es necesariamente el principal factor detonante de la violencia. De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, los cuatro estados que registran el mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes,
Colima, Baja California, Chihuahua y Guanajuato, están lejos de encontrarse entre los más marginados.
5) Como señala un análisis del Inegi, la atestiguación del consumo y venta de drogas en la calle, genera más temor en la población que los homicidios y los robos. Es ahí, en esa base comunitaria, local, cercana a las personas, donde hay que implementar acciones, y una de las más efectivas podría ser el combate al narcomenudeo, lo cual se estima podría reducir la tasa de homicidios.
6) No es suficiente con invertir más dinero, para ello el BID ha propuesto algunas ideas para un gasto público inteligente en seguridad ciudadana: dar mayor énfasis a las políticas preventivas que a las reactivas (algo que ya está haciendo este gobierno); focalizar en territorios, personas y comportamientos de alto riesgo; financiar intervenciones basadas en evidencia científica en lugar de la intuición; vigilancia policial proactiva que permita anticiparse a la comisión del delito; reducir la prisión preventiva injustificada y promover alternativas al encarcelamiento, porque pasar por una cárcel aumenta significativamente la posibilidad de reincidir y puede agravar el consumo de drogas; reportar con transparencia en que se gasta y qué se logra, y conseguir que el gasto público inteligente en seguridad ciudadana (de carácter preventivo), sea políticamente atractivo.
Dejemos atrás la confrontación y la polarización en un tema tan delicado. Unamos fuerzas gobierno y ciudadanos.
