Merecido zape a un lamezuelas

El coscorrón del presidente López Obrador a quien venía siendo su gobernador “consen” fue tan merecido como contundente:

“Hay que poner por encima siempre las libertades. El respeto a la autoridad se gana…”.

¡Ouch!

La reprimenda fue motivada por la necedad de Cuitláhuac García en mantener el delito “ultrajes a la autoridad” escondido en otras palabras, luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró aquél inconstitucional.

Marrullero como es, el día anterior a que el Presidente lo hiciera recular, el Gobernador había soltado la baladronada de que enviaría una iniciativa al Congreso estatal sustituyendo en las formas el ilícito descalificado con uno que quizá pudiera renombrarse como “agresión violenta” (lo que le permitiría seguir encarcelando a falsos ultrajadores y verdaderos opositores políticos).

Dado a comportarse como pendenciero de cantina, el insolente mandatario se ha empeñado en imitar el peculiar estilo de AMLO, agrediendo inclusive a periodistas. A la reportera Sarah Landa, por ejemplo, la trató de manera ofensiva y retadora, queriendo exhibirla como una mentirosa “defensora de delincuentes” y desinformada, pero se negó a disculparse con ella porque “un servidor no la atacó con ninguna grosería o palabra soez; en ningún momento utilicé un lenguaje inapropiado, una grosería”, según alegó de manera por demás cachetona.

Limitado para la canija entendedera, al majadero machuchón se le resbaló la claridad con que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó que el delito ultrajes a la autoridad provocaba “un impacto desproporcional sobre las personas, pues al criminalizar cualquier amenaza o agresión, sin poder saber, a priori, si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión ante el miedo de que por expresar sus opiniones sean sujetos de la acción penal del Estado…”.

Sin embargo, la primera reacción de Cuitláhuac fue opinar que “no hay problema”, por lo que promovería lo mismo en el Congreso estatal pero sin la palabra “ultrajes”, afirmando la tontería de que el argumento principal de la Suprema Corte no fue contra las agravantes, sino contra “el encabezado” del artículo declarado inconstitucional. Silvestre que es, imaginó que lo único por hacer era cambiar la redacción para “cubrir de inmediato lo que queda sin protegerse, que es la agresión violenta a las personas, sean ciudadanos o funcionarios…”.

Por eso López Obrador le sorrajó la obviedad de que “el respeto a la autoridad se gana”, y el bravucón, ipso facto, refrendó su incondicional sometimiento anunciando que mejor ya no enviará su propuesta de remiendo.

El efecto de la resolución del máximo tribunal será la puesta en libertad de al menos 200 de más de mil encarcelados por el “delito” que fue dado de baja, pero queda un pendiente de justicia: a muchos de los que no saldrán les fueron montadas acusaciones adicionales a la original de los presuntos “ultrajes a la autoridad…”.