Aburto ya pagó, riesgos persisten

Por escandalosa que se antoje, la liberación del indiscutible asesino confeso de Luis Donaldo Colosio es lógica.

Los 45 años de cárcel a que fue condenado violó el código penal de Baja California en 1994, que para ese delito del fuero común fijaba penas mínimas de 16 y máximas de 30 años.

A Mario Aburto se le juzgó como si hubiese cometido un delito federal, para cuyo fuero se prevén sentencias de hasta 60 años.

Si bien su crimen pareció un “magnicidio”, el sustantivo sólo se aplica si la víctima era jefe de Estado, primer ministro, presidente o líder parlamentario, y en México no está tipificado.

Aun tratándose como Colosio de personajes de altísima prominencia, el Código Penal Federal contempla como asesinato un atentado (y el que está en vigor fija condenas carcelarias de hasta 60 años).

No es raro sin embargo que, sin estar así legislado, el magnicidio se use también cuando se refiere a homicidios en que el difunto era expresidente, vicepresidente o candidatos presidenciales.

Lo justo o injusto de las condenas es y será siempre materia de discusión.

¿Cuál es el castigo que merece quien priva de la vida a un ser humano?

En países tan avanzados y civilizados como los de la Unión Europea la pena máxima para los homicidas es de 30 años y la máxima, pero para terroristas, sube hasta los 40.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito amparó al asesino de Colosio, invalidó su sentencia de 45 años y ordenó al Primer Tribunal Colegiado de Apelación dictar una nueva por homicidio calificado, abriendo la posibilidad de que Aburto gane la calle el día preciso en que 30 años antes, en la barriada tijuanense de Lomas Taurinas, mató al candidato presidencial del PRI.

La razón de su liberación anticipada no es por “errores de procedimiento”, “insuficiencia de pruebas” o presunta “tortura” para que se confesara culpable, sino simple y sencillamente porque, guste o desagrade, se hace respetar la ley.

Ahora lo absurdo es que el asesino litigue y gane la vacilada de un “segundo tirador” o que admitió su crimen bajo presión, patrañas que ha venido alcahueteando por la chatarrizada Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo la deplorable conducción de Rosario Piedra Ibarra.

Lo más preocupante es que la Fiscalía General de la República tomó en serio la recomendación de la degradada Comisión para reabrir el caso, lo que hiede a conspiración institucional para tomar venganza contra prominentes exservidores públicos, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari a la cabeza.

El caso, por fortuna, está jurídicamente cerrado, ya que se detuvo al asesino en flagrancia, el crimen ya prescribió y al menos dos exfiscales especiales, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez, demostraron con evidencias de sobra la culpabilidad de Aburto, el psicópata Caballero Águila que al dirigirse hacia el mitin de Colosio le dijo a una muchacha en el autobús:

“No te pierdas 24 horas porque voy a salir en la tele…”.