La omisión del exsecretario del GIEI

Por narco sí, por los 43 no, titulé este martes el desenlace judicial de José Ángel Casarrubias Salgado, presunto cabecilla de la banda criminal Guerreros Unidos, quien pese a ser exculpado del delito de delincuencia organizada fue recapturado por la Fiscalía General de la República en cuanto había salido de prisión, acusándolo de lo mismo pero en relación con algo diferente (se ignora qué) al caso Iguala, lo que pulveriza las expectativas de quienes imaginaban que podía corresponsabilizársele del atroz asesinato múltiple.

El “Mochomo”, como le apodan, quizá termine siendo sentenciado, pero sólo si el MP federal consigue hacer sólida la nueva imputación, lo que no será fácil (tuvo que decretarle arraigo de 40 días) para lograr una condena inapelable.

La sospecha de corrupción (dicen que hay audios) y los señalamientos contra la orden del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Edomex a cargo de María del Socorro Castillo Sánchez, no alcanzan para implicarlo en la matanza por una sencilla razón: no hay una sola prueba de su involucramiento en la desaparición de los normalistas.

Lo cierto es que en septiembre de 2014 obedecía órdenes de o manejaba con sus hermanos Adán Zenén y Sidronio el narcogrupo Guerreros Unidos.

Ayer, luego de que el presidente López Obrador dijera que hubo corrupción detrás de la liberación, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación porque, afirmó, cuenta con información que amerita una revisión exhaustiva.

El ministro Arturo Zaldívar, titular de ese órgano y de la Suprema Corte de Justicia, admitió que “hubo dinero de por medio” y que “se tienen las pruebas”, lo que anticipa que una acusación penal (además de administrativa) caerá sobre los implicados.

Lo evidente por lo pronto es que nadie asume la responsabilidad del descuido ministerial que hubo con el “Mochomo” al no haberse reforzado el proceso de este y otros probables delincuentes, como lo advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace cinco años.

La recomendación (23 de julio de 2015) obliga a su cumplimiento al actual Gobierno por haber sido institucionalmente aceptada, tanto por la administración peñanietista como por la desaparecida PGR.

Y es que la FGR, en particular la oficina del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, debió identificar con nombres y apellidos a los interlocutores de los chats de Chicago (que proporcionó la agencia antidrogas estadounidense más de tres años después), en los que, al parecer, “Soldado del Amor” es precisamente Ángel Casarrubias, quien en el diálogo se muestra metido hasta el cuello en el crimen de los normalistas.

¿Por qué no lo hizo Gómez Trejo?

Quizá porque en el sexenio pasado fue personero de los padres de los 43 y sus representantes, así como secretario técnico del insidioso Grupo Independiente de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, todos quienes, desde hace casi seis años, vienen saboteando la efectiva procuración de justicia.