¿Quién titiritea al INE y al Tribunal?

Entre las falacias que se esgrimen contra el Instituto Nacional Electoral está que a sus consejeros los imponen los partidos y éstos determinan sus acciones pero, de ser así, estaría dominado por Morena, que tiene la mayoría de legislaturas estatales y federales, de gubernaturas y la Presidencia de la República.

Otra mentira contumaz: que su funcionamiento es el más caro del mundo.

De aprobarse la reforma que la 4T promueve, en vez de requerir para el próximo año 14 mil 439 millones 640 mil pesos, la institución operaría con algo más de nueve mil millones.

El ahorro de la tercera parte, proclaman sus impulsores, es lo que actualmente importa el trámite y elaboración de las credenciales que el INE expide gratuitamente y sirven de facto como confiables cédulas de identidad.

La falacia del “ahorro” es obvia: otra institución pública -muy probablemente del Gobierno federal- se haría cargo de elaborar el documento imprescindible para una gran variedad de trámites.

Esa tercera parte del presupuesto actual equivale al dinero con que los causantes financiamos a los partidos políticos, que en este 2022 se alzarán con cinco mil 543 millones 960 mil 204 pesos para dizque “actividades ordinarias”, más un pilón de mil 133 millones 900 mil pesos para “actividades específicas, franquicias postal y telegráfica, y para el liderazgo político de las mujeres”.

Las prerrogativas, por fortuna, no salen del presupuesto del INE sino de la hacienda pública.

Con el asedio y las presiones a que ha sido sujeta desde hace cuatro años, en 2022 fue necesario que la institución ajustara y dejara su partida en poco menos de 14 mil millones de pesos.

Los “ahorros” que se pretextan amenazan actividades tales como la fiscalización de los partidos políticos, la actualización del padrón de electores, el marcaje y monitoreo de las campañas en medios, la capacitación de insaculados para que se desempeñen como funcionarios, la impresión de boletas y actas infalsificables, el equipamiento de casillas de votación y desde luego la credencialización de la ciudadanía.

Por la cacareada “búsqueda de austeridad” se han chatarrizado instituciones y servicios que eran eficientes. El INE lo ha sido y sigue siéndolo por más de 30 años.

En la semana reciente sorprendió la encuesta telefónica del propio el INE, en que 78% de 400 consultados telefónicamente aprobaba en septiembre la tontería de que consejeros y magistrados electorales sean elegidos por “el pueblo”.

La fiesta que morenistas y morenianos han hecho con ese dato escamotea que la misma medición arrojó que "67% confía mucho o regular en el INE; 56% cuenta con una opinión positiva y 65% considera que tiene un buen desempeño”.

Ninguna otra institución civil (autónoma o de gobierno) goza de tanta confianza pública.

De no ser Morena, a cuyo mayoritario capricho quedaría la selección de las nuevas autoridades electorales, ¿quién ganaría con la virtual demolición del actual INE…?