Bartolización de la democracia

Tres meses o más lleva el cuatroteismo hablando de su inoportuna, regresiva y reaccionaria reforma electoral en vez de atender la emergencia de la inseguridad, las deficiencias del sistema público de salud, la degradación aérea o indignadas críticas a las ilegales y descaradas precampañas de las "corcholatas".

Temerosa de una oposición echada para adelante y una población cada vez más desencantada, la 4T no quiere que el INE y el Tribunal Electoral sancionen la propaganda adelantada, amenazando la certeza en los resultados electorales de 2024.

Economizar y democratizar son las coartadas esgrimidas para pervertir las reglas y, como lo consiguió en la CNDH, chatarrizar el INE.

Si algún ahorro valiera para justificar el descuartizamiento del Instituto, la argucia es tan desatinada como las cuentas de que se ufanan el Presidente de la República y su Secretario de Gobernación: tres mil quinientos millones, afirma López Obrador, casi cinco mil millones, dice Adán Augusto López (y si la iniciativa de reforma constitucional no hubiera fracasado, las cifras alcanzarían 15 mil millones para el primero y 17 mil millones para el segundo).

Pero, aun si el propósito mayor fuera “garantizar (o mejorar siquiera) la democracia” (con las actuales reglas y estructuras la 4T llegó al poder de los poderes), ¿por qué desfondar a la institución civil y autónoma del Estado mejor calificada por la ciudadanía, la misma que contabilizó sus votos y ha garantizado la alternancia?

Lo aprobado en San Lázaro viola la Constitución y fue impuesto de manera virtualmente pandilleril de Morena y sus secuaces del PT y el Verde.

Redactada en la Segob, la minuta no es fruto del consenso entre las fuerzas políticas, sino la abyecta satisfacción de una vengativa y sañosa ocurrencia.

A diferencia de las modificaciones electorales en los 30 años recientes, el ominoso Plan B no fue reclamo de las minorías perdedoras, sino del triunfalista, prepotente y abusivo morenismo que dinamita la estructura profesional permanente del INE y vulnera los derechos laborales de quienes tienen acreditada su carrera profesional (mil 500 servidores públicos en 300 distritos que, de prosperar el adefesio, serán echados a la calle).

Mínimo resquicio para la ilusión:

El incómodo Ricardo Monreal ha prometido que el Senado sí respetará las normas legislativas (nada de fast track), por lo que nada indica que antes del 15 de diciembre (menos de una semana), cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, el bodrio sea desahogado.

“Se actuará con serenidad y buen juicio, cuidando el procedimiento legal y ordinario. Se deben conocer, deliberar, discutir todas las propuestas de reforma contenidas en la minuta. A nadie le hace daño que se discuta el contenido de una reforma tan profunda. Deberemos realizar un estudio a profundidad y exhaustivo. Daremos el turno a las comisiones, no vamos a obviar trámites”.

Por desgracia, persiste el riesgo de que