¿Y el Fideicomiso del Río Sonora, ’apá?
El autor es Lic. en Derecho por la Universidad de Sonora, excatedrático Universitario de Derecho Laboral con 44 años de especialidad en asesoría empresarial.
Hará aproximadamente 6 meses, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la reapertura del Fideicomiso Río Sonora, que desde hace más de 3 años se había dado por terminado, a pesar de que no se han reparado los daños a los ribereños de los ríos Bacanuchi y Sonora, que resultaron gravemente dañados por el derrame de múltiples toneladas de desechos tóxicos, que se derramaron por el desborde de una presa instalada en los límites del municipio de Cananea, Sonora, lugar donde Grupo México viene operando la mina Buena Vista del Cobre.
Por las noticias difundidas con motivo de la visita al municipio de Cajeme del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos enteramos de que un grupo de hombres y mujeres que son afectados directos, viajaron a Ciudad Obregón, pero no fueron recibidos por nuestro Presidente, por lo que tuvieron que regresarse a sus lugares de origen totalmente desilusionados, cansados y con el ánimo por los suelos; como dijera Colosio, “por la soberbia de nuestras autoridades”.
La impotencia ahoga a nuestros hermanos sonorenses vecinos del Río Sonora, no sólo porque el Presidente no los atendió, sino porque además, al regresar a la Ciudad de México de su gira por el norte, ordenó cancelar todos los fideicomisos existentes porque necesita dinero para finan- ciar sus programas asistenciales.
Y porque, según lo declaró para un noticiero de esta localidad el 10 de agosto por la noche: “ninguno tiene bien definido un fin claro de utilidad social”.
Pero ninguna autoridad competente así lo ha declarado, es sólo la orden particular López Obrador.
Pero ¿dónde y cómo quedan nuestras instituciones?, ¿y el Estado de Derecho? El cumplimiento de la ejecutoría de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó reabrir el Fideicomiso Río Sonora, es de orden público.
Y el Presidente, al haber protestado cumplir la Ley y la Constitución y desempeñar dignamente su cargo, debe ser el primer ciudadano mexicano en cumplir con las instituciones legalmente constituidas, y no es quién para ordenar cancelar los fideicomisos, sin antes agotar los procedimientos y las formalidades legales para hacerlo.
Es adecuado que los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, hagan un estudio previo, pormenorizado, acucioso e institucional y no aprueben por dedazo la cancelación de todos los fideicomisos ordenada por el Presidente.
El Fideicomiso del Río Sonora se creó con 2 mil millones de pesos que aportó Grupo México, se ejercieron 1,300 millones y quedaron 700 millones pendientes de operar.
Y el hospital que instalarían en Ures, Sonora, para atender a los enfermos por la contaminación del agua, y las plantas tratadoras para la población de los habitantes de los pueblos del Río Sonora, sólo han quedado en promesas y proyectos incumplidos.
El autor es Lic. en Derecho por la Universidad de Sonora, excatedrático Universitario de Derecho Laboral con 44 años de especialidad en asesoría empresarial.
Autor del Libro Práctica Laboral Forense.
Correo electrónico: f-cordova@hotmail.com
