Retos actuales que enfrenta la Gestión Integral de Riesgos
El autor es presidente Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C.
La Ley General de Protección Civil vigente nos dice que: “Las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello varias prioridades”, dentro de las cuales en su fracción V señala la “Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y
programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de generación de riesgos”.
Debemos reconocer entonces, la falta de máxima publicidad al Programa Nacional de Protección Civil para que funcione como eje rector de los Programas Estatales y Municipales en la materia para así evitarlo que actualmente sucede, una falta de dirección, coordinación y objetivos comunes.
Desde mióptica, el principal reto es que las dependencias integrantes del SINAPROC tengan la voluntad política y la capacidad para enfrentar los riesgos derivados del desarrollo y particularmente las causas estructurales y subyacentes.
Trabajar la gestión integral del riesgo de desastres desde una política pública federal con enfoque de inclusión a las personas con discapacidad y perspectiva de género.
Reforzarlos esfuerzos para migrar de un SINAPROC de Seguridad Nacional, con un cómodo enfoque de respuesta militar o de seguridad pública, a un enfoque más amplio de Seguridad Humanadesde la perspectiva de los Derechos Humanos, tal como se establece en la resolución 66/290 de Naciones Unidas.
Plantear o replantear esquemas y estrategias de acreditación de las universidades o instituciones de educación superior públicas y privadas, que ofertan estudios de protección civil y/o gestión
integral de riesgos para que éstos sean actualizados y acordes a las tendencias internacionales; también un nuevo planteamiento e instrumentación a la “obligatoria” certificación de los funcionarios tomadores de decisiones y operativos del SINAPROC.
También comparto la visión del Dr. José Emilio Baró Suárez en su libro “Enfrentando los riesgos socio naturales” (2018), sobre varios aspectos específicos que se deben de considerar para
enfrentar los retos de manera no exitosa, al menos gradual y dignamente:
1)Desarrollar capacidades individuales, comunitarias y organizativas locales que establecen pautas y regulaciones de actuación y disponen de mayores capacidades logísticas, técnicas, financieras y jurídicas para la gestión.
2)Priorizar la gestión preventiva del riesgo local de desastre, fundamentalmente en la capacitación, formación y superación del personal operativo de Protección Civil, principalmente de los municipios para que sea certificado, tenga base y garantías de continuidad de acuerdo a su desarrollo y desempeño.
3)La Gestión Integral del Riesgo debe ser fortalecida asignando recursos a los municipios, no solo para elaborar su atlas de riesgo, sino también para su gestión y actualización permanente.
4)Internalizar y financiar la Gestión Integral del Riesgo en los Planes de Desarrollo Municipales y Programas de Ordenamiento Territorial mediante la instrumentación, gestión y articulación
con los Atlas de Riesgos.
5) Aumentar y consolidarla participación comunitaria en los Sistemas de Alerta Temprana, para los diferentes eventos geológicos e hidrometeorológicos más recurrentes.
6)Promover e incrementar localmente la penetración de los seguros para la recuperación de daños.
En resumen, el verdadero reto es que ante la nueva realidad de la reducción de presupuestos en todos los niveles de gobierno, deben prevalecer las “3C”: continuidad, capacidad y creatividad; pero sobre todo la voluntad política, ya que aún cuando el propósito de toda Ley de Protección Civil es el interés general y el bien común, poco podremos esperar en un país donde históricamente, tenemos un 98% de impunidad.
Entonces, únicamente cuando hablemos de cumplir y hacer cumplir la Ley, podremos hablar de corresponsabilidad del gobierno y sociedad.
El autor es presidente Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C.