Políticas Púbicas necesarias para fortalecer la Gestión Integral de Riesgos

El autor es Presidente Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C

Sin importar la Política Pública que oficialmente se defina para fortalecer la GIRD en el ámbito nacional y local, es importante que vaya acompañada, de la propuesta que hace el Dr. Sergio Puente (coincido totalmente), en su ponencia “Del concepto de Gestión Integral de Riesgos a la política pública en protección civil, los desafíos de su implementación” (2012) donde establece que las aristas de la política pública deben estar fundamentadas en ejes normativos específicos de un Sistema de Gestión Integral del Riesgo de Desastres con fundamento en los principios de "Eficiencia y equidad", "Integralidad", "Transversalidad", "Corresponsabilidad", y "Rendición de cuentas".

Personalmente  yo agregaría “Gobernanza”. Eficiencia y equidad: En el ámbito de la GIRD debe prevalecer igualdad en cuanto a condiciones de información, conocimiento, oportunidad y atención para toda la población.

Debe de haber conciencia de que la vulnerabilidad no es homogénea, que también implica la asignación de recursos a las entidades o grupos sociales expuestos al riesgo de desastres, en función de un riguroso conocimiento del mismo, que debería estar sustentado en los Atlas de Riesgos, y éstos a su vez estar integrados en una plataforma de Información Geográfica que permita su

constante actualización y el análisis dinámico de variables.

Integralidad: Requiere la permanente retroalimentación del conocimiento sobre los diversos tipos de amenazas, los  factores que generan vulnerabilidad y exposición, así como de las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a un desastre, en el marco de un proceso integrado que debe incluir programas de participación ciudadana. Transversalidad: La política pública debe estar normada por una transversalidad intersectorial vinculante y entre los diferentes órdenes de gobierno.

Debido a que el Estado es el principal actor en la construcción social del riesgo de desastre, tiene la responsabilidad de coordinar de manera congruente la toma de decisiones en los diferentes

órdenes de gobierno, intra e intersectorialmente.

Corresponsabilidad: La responsabilidad de la protección de la población es tarea fundamental del gobierno, todos y cada uno de los individuos tienen el derecho de conocer el riesgo al que se está expuesto, por lo que se deben brindar a la población accesibilidad a la información que le garantice el conocimiento sobre las dimensiones de riesgo en las que está inmersa, así como brindar las opciones e instrumentos para mitigarlo. Es precisamente la apropiación y la práctica social del conocimiento en torno al riesgo la antesala del principio de corresponsabilidad.

Rendición de cuentas: La no observancia de la normatividad es uno de los ingredientes fundamentales de la construcción social del riesgo de desastres, ya que opera en detrimento de la legitimidad política de un Estado de Derecho, por ello, la rendición de cuentas a través de mecanismos como la transparencia y la fiscalización debe ser inexcusable.

En este punto le agregaría, la observancia discrecional de la normatividad. Gobernanza: Vista como uno de los principios que establece el Marco de Sendai, es necesario contar con claros objetivos, planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos y, con la participación de los actores sociales pertinentes.

Por lo tanto, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es necesario para fomentar la colaboración y las alianzas entre mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.

Desafortunadamente bajo el falso y obsoleto argumento de la seguridad nacional, muchas autoridades implementan políticas de cerrazón, provocando el atraso de la protección civil

en México.

El autor es Presidente Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C