Obstáculos para implementar y desarrollar la Gestión Integral de Riesgos en los gobiernos

Esta es una segunda colaboración de cuatro temas que integran mi ponencia “Cambio de paradigma de Protección Civil a la Gestión Integral de Riesgos” presentada el pasado 8 de abril en el panel organizado por la SGIRYPC de la CDMX.

Este tema es incómodo pero quizás uno de los más importantes en la materia porque habla de la piedra en el zapato. Desde el exterior, con perspectiva desde la sociedad y sin un enfoque institucional, personalmente considero los siguientes:

Falta de voluntad política: Dista mucho del origen de la frase acuñada por el filósofo y político Jean-Jacques Rousseau, que la define  como la suma de intereses que tiene un pueblo en común, ya que nuestro sistema político se ha encargado de enraizar dicha frase como las ganas de un político de dar visto bueno, o no, a una determinada iniciativa, o hacernos creer que, quien

ostenta el poder tiene voluntad absoluta sobre lo que se puede o no se puede hacer desde la función pública.

Sin embargo, es la realidad, porque para un político que desde lo local administra un territorio con visión de muy corto plazo (tres años), trabajar en la gestión integral del riesgo no es políticamente rentable ya que son inversiones que no se ven y no venden su imagen y por lo tanto mejor apuesta a que en su período no suceda nada que se la manche.

Débil política pública institucional de transversalidad: Fundamentalmente en los organismos sectoriales de los tres niveles de gobierno, centrados en la planeación y el ordenamiento territorial¸ la vivienda, infraestructura, el medio ambiente y el bienestar social que, al considerarse en la práctica ordinaria, ajenos a la materia, delegan consciente o inconscientemente el tema al área de

protección civil, por lo que se incrementan y aceleran las variables del riesgo relacionadas con exposición y vulnerabilidad considerando a éstas como condicionantes persé de la gestión integral

del riesgo de desastres.

Marco normativo nacional desarticulado: Independientemente de la falta de actualización de la Ley General, particularmente en las atribuciones y competencias de los tres órdenes de gobierno,

las normas estatales y municipales no son armonizadas, por lo general en una línea de tiempo desarticuladas entre sí, incluso en muchos casos, bajo el injustificado en esta materia, argumento

de la autonomía municipal violenta el principio de congruencia normativa, vulnera la certeza jurídica, promueve la corrupción y discrecionalidad, desincentiva el cumplimiento y se convierte

en un instrumento recaudatorio más que preventivo.

Bajo perfil técnico y permanente rotación en los responsables locales: El proceso de certificación que establece la Ley General de Protección Civil para los responsables de protección civil en el país, se ve rebasado ante lo amplio del territorio, las 32 entidades federativas, los 2,467 municipios, que en ambos casos suponen igual número de titulares, exceden en mucho la reducida

capacidad humana, técnica y presupuestal del organismo regulador. Podemos sumar a ello la baja y en ocasiones nula preparación en gestión de riesgo del personal operativo y la permanente

rotación de los mismos y de sus titulares por definiciones políticas irresponsables, bajo el argumento de la autonomía municipal y la facultad constitucional de nombrar discrecionalmente

a los colaboradores de la administración pública.

Termino esta colaboración citando a François de La Rochefoucauld, “Si tuviéramos suficiente voluntad, casi siempre tendríamos medios suficientes”.

El autor es presidente Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C.