Fortalecimiento en la procuración e impartición de justicia

Héctor Contreras escribe: Las instituciones de justicia sólidas y transparentes así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y apegadas al marco constitucional es el único medio para que la ciudadanía recobre su confianza tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado, como en el Poder Judicial, esto es así, porque son a estas instancias de gobierno a quienes les corresponde esencialmente esta tarea, pues son quienes conocen directamente de los derechos de los ciudadanos en su vida cotidiana, tales como juicio de divorcio, alimentos, patria potestad y juicios sucesorios en el ámbito familiar o bien, tratándose de delitos como violencia familiar, robo, lesiones, daño, entre otros, en materia penal.

Para lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional y procuración de justicia es imprescindible avanzar de manera decidida en la construcción de un Poder Judicial y fiscalía con servidores públicos garantes de los derechos que se litigan por la mayoría de los ciudadanos ante dichas instancias.

Para ello se requiere una reorientación del gasto público en estos renglones, toda vez que en la actualidad sus presupuestos anuales son insuficientes ya que hoy por hoy estos mismos están muy por debajo del 50% de sus necesidades reales, prácticamente quedando a la discrecionalidad del secretario de finanzas y de los integrantes del Poder Legislativo.

En concordancia es también necesario establecer un estatuto jurídico único que garantice la independencia para los jueces y magistrados del Poder Judicial del país en un auténtico sistema de impartición de justicia, al igual que con agentes del Ministerio Público cuya estabilidad en el empleo deriva esencialmente del servicio civil de carrera.

Con lo anterior se buscaría garantizar la autonomía del Poder Judicial en nuestro Estado, al igual que la independencia de criterio de los titulares de los órganos jurisdiccionales así como el profesionalismo y objetividad de los agentes del Ministerio Público.

Para lograr lo anteriormente mencionado es indispensable establecer una reforma constitucional que les asegure un porcentaje presupuestal mínimo e irreductible atendiendo al presupuesto anual de acuerdo con la ley de ingresos y egresos del Estado de Sonora.

En el marco de un Estado de Derecho pleno, la función jurisdiccional garantiza que en los tribunales se ejercerá en un marco de equilibrio y respeto, dotando a los juzgadores de las condiciones constitucionales al igual que a la Fiscalía General para que dicten justicia son sometimiento a las consignas del Poder Ejecutivo ni de otros poderes fácticos, haciendo prevalecer el derecho como única regla para resolver los casos de su conocimiento, buscando hacer realidad los imperativos de derechos humanos previstos en el artículo 1 y 17 de la Constitución General de la República.

En conclusión la premisa fundamental para tener un Poder Judicial fuerte, robusto, independiente y al margen de consignas ,al igual que una Fiscalía General con estas mismas características se hace imprescindible realizar las reformas pertinentes para que los presupuestos en estos renglones estén fijados en montos mínimos e irreductibles con base en el presupuesto anual del Estado, el cual nunca será inferior al 4%, todo lo demás son solo buenas intenciones que desde siempre han quedado incumplidas.

HÉCTOR CONTRERAS

El autor es Presidente de la Barra Sonorese de Abogados.