Falta de atención a la migración centroamericana en Sonora

El autor es abogado litigante.

La aceleración de la globalización económica ha provocado un aumento del número de trabajadores migrantes sin precedentes. El desempleo y la creciente pobreza han orillado a muchos trabajadores de los países en desarrollo a buscar trabajo en el extranjero.

De hecho, se estima que el 73 por ciento de los migrantes a nivel global son trabajadores. En los países desarrollados ha aumentado la demanda de trabajadores no calificados, como consecuencia de ello, son millones los trabajadores y sus familias que viajan a otros países para encontrar trabajo. En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos por obtener datos fiables y comparables sobre la migración laboral.

No obstante, como la OIT y la comunidad internacional ya han señalado, persisten importantes  lagunas al respecto. Debido a la vecindad de  Sonora con Estados Unidos, históricamente el estado ha sido territorio de constante cruce de migrantes; sin embargo, el inicio de las “caravanas migrantes”, a partir del año 2018 ha implicado el arribo constante de población que busca asilo político en Estados Unidos.

El también llamado  “Éxodo Migrante” ha conducido a una crisis de las instituciones que atienden a esta población en las ciudades fronterizas. Partiendo de un diagnóstico que requería la disminución del flujo de migrantes solicitantes de asilo aglomerados en las estaciones de detención en EE.

UU., se inició el Programa de Protección de Migrantes (MPP en inglés), también conocido  como “Remain in México”. Implementado desde enero de 2019, “Remain in México” se concibe como una acción del gobierno estadounidense para que las personas que ingresen por cualquier puerto de entrada a solicitar asilo internacional sean regresadas a México a esperar la resolución de su proceso.

Ante el crecimiento de las  listas y el tiempo de espera en  los puertos de entrada de Ciudad Juárez y Tijuana; Nogales se fue convirtiendo en un puerto atractivo de espera para migrantes de prácticamente todo el mundo, predominantemente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

El endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y los férreos controles fronterizos ha ocasionado que muchos de estos migrantes decidan quedarse a vivir permanentemente en nuestro país.

Desafortunadamente, estos migrantes son objeto continuo  de múltiples atropellos y violaciones a sus derechos humanos más elementales, a pesar de contar con protección legal tanto a nivel internacional como local.

El instrumento internacional más completo sobre derechos de migrantes es la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990.

Para la OIT, la discriminación en el trabajo comprende todo trato diferenciado y menos favorable de determinadas personas en razón de situaciones como raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, en los términos del Convenio 111; o, según las nuevas tendencias,  discapacidad, edad, estado de salud, afiliación sindical o situación familiar, sin perjuicio de su capacidad para cumplir los requisitos correspondientes al puesto de trabajo.

Todo extranjero, por el hecho de ingresar a territorio nacional, tiene la protección de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, entre ellos el derecho a la salud y al empleo

en igualdad de condiciones que un nacional; no obstante lo anterior, es práctica sumamente común aprovecharse de su situación irregular para emplearlos en trabajos sucios y peligrosos en deficientes condiciones de seguridad, jornadas excesivas sin pago de horas extras y en muchas ocasiones salario por debajo del pago mínimo.

Esta situación está muy presente en nuestro entorno cercano, como ejemplos tenemos la Costa de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas, Caborca, el valle de Empalme-Guaymas, los cuales albergan cientos de campos y viñedos agrícolas en su gran mayoría en condiciones paupérrimas que emplean a miles de mujeres y hombres adultos, e incluso menores de edad migrantes.

La migración de centroamericanos llegó para quedarse en nuestro entorno. Estamos obligados como sociedad a ser solidarios, asimilar esta realidad y procurar su debida integración en igualdad de condiciones al núcleo social.

El autor es abogado litigante.

Especialista en Seguridad Social.

arturo.morenoha@hotmail.com