El populismo legislativo quebranta el estado de derecho

A finales del año pasado el senador Ricardo Monreal declaró que se preparaba una reforma en materia penal encaminada a abatir los altos niveles de impunidad y corrupción por parte de jueces y magistrados federales especializados en materia penal. Posteriormente hizo del conocimiento de la opinión pública que el 14 de enero de 2020, presentaría la comisión permanente del Congreso de la Unión la citada iniciativa, lo cual no sucedió, al parecer porque el proyecto de reforma se filtró en redes sociales y generó una cascada de críticas, por el contenido de las mismas en virtud de que trastocan gravemente el estado de derecho, al incidir en la división de poderes, aunado a que viola gravemente el principio de progresividad de los derechos humanos tutelado por el artículo primero del pacto federal.

A reserva de referirme de manera específica a cada una de las legislaciones que se pretenden derogar o abrogar, lo cual haré en intervenciones subsecuentes, preciso que en el paquete legislativo se incluye un Código Penal Único, al igual que un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se crea una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se generan algunos cambios en la Ley de Amparo, se modifica la Ley de Justicia para Adolescentes al igual que la Ley de Ejecución de Sanciones.

En la exposición de motivos de los proyectos de iniciativas de mérito, se pone especial énfasis, los aspectos de que con las mismas se pretende abatir los niveles de impunidad que ascienden a un 97%, terminar con la corrupción de los Jueces y Magistrados en materia Penal, señalando además que el sistema penal acusatorio no ha funcionado porque hay una marcada ausencia de capacidad en sus operadores, refiriéndose a jueces, ministerios públicos, policías, defensores públicos y privados. Sin embargo cabe destacar que el legislación procesal de mérito apenas tiene cuatro años de haber entrado en vigor, no obstante de que la vacatio legis de la misma fue por ocho años, sin embargo, ni la federación ni las entidades federativas tomaron con rigor dicho plazo, el cual tenía como propósito fundamental capacitar con toda seriedad y profesionalismo a sus operadores, lo cual no aconteció, sino que al concluir el citado plazo, de manera improvisada, apuradamente simularon la capacitación con los resultados ya conocidos.

Es evidente que el Estado mexicano se encuentra legal y constitucionalmente legitimado para combatir con todo rigor el flagelo de la delincuencia, sin embargo este evento no puede llevarse a cabo a cualquier precio, trastocando el Estado de derecho, violando la división de poderes, y con ello vulnerando los derechos fundamentales de todo gobernado, reconocidos por el pacto federal y los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

La ilegalidad y el problema delincuencial no debe ni puede ser enfrentado por el estado con más ilegalidad, de ahí que la sociedad civil organizada en distintas agrupaciones, específicamente colegios y barras de abogados, deben poner mucha atención en estas iniciativas, el que se haya suspendido su presentación no las hará mejores, porque no creo que se supriman la serie de inconsistencias que presentan, no debemos pasar por alto que somos los ciudadanos los destinatarios de las citadas reformas, no esperemos a que entren en vigor para inconformarnos, estamos a tiempo de externar nuestra opinión, haciéndola del conocimiento de diputados y senadores, a efecto de que se abra un debate nacional con expertos académicos, profesionales del derecho, etcétera, es decir, se socialice y de esta manera generar leyes que no vayan en contra de principios democráticos sobre los cuales hemos avanzado gracias a la progresividad de los derechos fundamentales.

Héctor Contreras es Licenciado en Derecho y presidente de la Barra de Abogados Sonorenses.

lic_hectorcontreras@hotmail.com