El ejercicio profesional de los abogados

Primera parte

El tema del ejercicio profesional de los abogados, que comprende también el de la formación que se requiere para desempeñarse en la profesión, ha estado conspicuamente ausente de la mayoría de los cambios y reformas que se han emprendido en nuestro país en el campo de la procuración y administración de justicia durante los últimos treinta años, no obstante que se trata de una pieza esencial para el buen funcionamiento del sistema de justicia.

Se da el hecho paradójico de que la profesión que es experta en la regulación de todas las demás está ella misma prácticamente desregulada, y quizá su falta de visibilidad en este sentido haya contribuido a su ausencia de los espacios que socialmente le corresponden.

Este insatisfactorio estado de cosas ha comenzado a cambiar en años recientes. Recordemos, por ejemplo, que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 abordó explícitamente la cuestión de la colegiación obligatoria de los abogados. La reforma constitucional de 2008 sobre el nuevo sistema penal acusatorio introdujo la garantía de “defensa adecuada por abogado”, lo cual sienta las bases para la necesaria especialización de la defensa en materia penal, pero esto es insuficiente pues debe extenderse a todas materias.

Dada la creciente complejidad técnica y la dinámica actual de cambio del derecho, ya resulta altamente disfuncional que el título universitario sea suficiente para la obtención de la cédula profesional que autoriza a ejercer la abogacía, cuando en las demás ramas de la profesión jurídica -judicatura, defensoría pública, Ministerio Público e incluso la academia- se exige, cada vez más, una formación especializada y la aprobación de exámenes y concursos. Este último aspecto del ejercicio de la abogacía ha sido objeto de repetidas iniciativas de reforma constitucional y legislativa -la más reciente está pendiente todavía de debate y aprobación en el Congreso de la Unión- las que proponen introducir, como garantía de independencia y responsabilidad, la colegiación obligatoria para los abogados (y también para los integrantes de otras profesiones), así como la certificación periódica de la preparación y los conocimientos de tales profesionistas.

Se trata de un cambio indispensable para elevar el nivel del ejercicio profesional de la abogacía, que en promedio no sólo es deficiente en sus términos, sino que se encuentra rezagado en relación con el nivel de desarrollo que ya tiene y al que aspira el país.

En las sociedades contemporáneas, las profesiones -y la jurídica de manera muy señalada- tienen una importancia que va más allá de la administración, socialmente reconocida, de un conocimiento especializado, pues se trata de grupos que tienen una aportación esencial que hacer a lo que ahora se llama la “gobernanza” de la sociedad; es decir, a la definición de las líneas de pensamiento y acción que marcan el rumbo del desarrollo social. Si no es que arranca con él, hay una importante línea de pensamiento en este sentido que tiene en Emile Durkheim un representante central, y que llega a autores de nuestros tiempos como Terence Halliday y Lucien Karpik. En el prefacio a la segunda edición de “De la división del trabajo social”, Durkheim aborda el "papel que las agrupaciones profesionales están destinadas a llenar en la organización social de los pueblos contemporáneos".

En términos concretos, Durkheim encuentra que en la vida económica hay una “falta de regulación (anomia) jurídica y moral” que las agrupaciones profesionales están llamadas a suplir, pero para que ello ocurra se requiere algo particularmente significativo para el estado actual de la profesión en nuestro país: “que la corporación, en lugar de seguir siendo un agregado confuso y sin unidad, se convierta, o más bien, vuelva a convertirse, en un grupo definido y organizado, en una palabra, en una institución pública”.

Los anteriores conceptos fueron tomados de “Cuadernos de Abogacía”- Defensa a la defensa y abogacía en México de Óscar Cruz Barney.

Héctor Contreras es licenciado en Derecho y presidente de la Barra de Abogados Sonorenses.