Con la salud no se juega

Uno de los temas más sensibles para todo ser humano es el de la salud.

De hecho, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afi rma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.

Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso a la salud como un derecho fundamental de todas las personas.

En orden de garantizar su cumplimiento, el Estado mexicano ha construido a lo largo de su historia un sistema caracterizado por instituciones que brindan atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

Así, nuestro sistema de salud se integra por la red de hospitales, clínicas y centros de atención médica dependientes del IMSS, Issste, los gobiernos estatales y Sector Privado.

Sin embargo los servicios de salud no alcanzaban a aquellos que no contaban con alguna derechohabiencia, y que no contaban con los recursos para acceder a servicios de salud privados, dejándolos completamente desprotegidos.

Para ampliar el acceso a toda la población, y pensando en este segmento de la población en particular, hace 16 años se creó el denominado “Seguro Popular”.

A través de este se logró que poco más de 50 millones de mexicanos, que de otra manera hubieran quedado desprotegidos, contaran con la certeza de recibir atención médica en caso del desafortunado escenario de alguna enfermedad.

Para el logro de este objetivo y de fundamental importancia ha sido la existencia del Fondo de Protección contra Gastos Catastrófi cos.

Este ha permitido atender de 2012 a la fecha más de 1 millón de casos de enfermedades graves de alto costo.

Entre las principales enfermedades atendidas destacan el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la hepatitis, las malformaciones congénitas y otros.

De manera lamentable, el dictamen de reforma a la Ley de Salud y de Institutos de Salud aprobado por el Senado tiene como puntos torales la desaparición del Seguro Popular y del Fondo de Protección.

De esta manera se deja en la incertidumbre a millones de mexicanos que, hoy más que nunca, corren el riesgo de enfrentar una enfermedad sin la cobertura de algún servicio de salud.

Si bien, las correspondientes reformas crean al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), se parte de una visión centralista tanto en su recurso humano como financiero.

En esta nueva política se elimina la importante participación de las entidades federativas en las responsabilidades compartidas que tendría que caracterizar la relación Estado-Federación.

Lo anterior, aunado a la opacidad que ha caracterizado el proceso de creación del Insabi constituye una señal de alerta en un rubro tan sensible como el de la salud.

En este tema, México ha avanzado de forma importante en los últimos años y el avance ha sido objeto de reconocimiento nacional e internacional.

Nuestros representantes en la Cámara de Senadores y el Ejecutivo Federal deben comprender que ésta es una asignatura en la que simplemente no podemos fallar.

ARTURO FERNÁNDEZ DÍAZ GONZÁLEZ

El autor es licenciado en Economía, Administración y Mercadotecnia; presidente de Coparmex Sonora Norte.

Empresario sonorense, Consejero Grupo Gemso y Grupo Helios. @afdezdg