Capacitación continua
El autor es Licenciado en Derecho y presidente de la Barra de Abogados Sonorenses.
La sociedad exige cada día más contar con mejores profesionistas en las diversas ramas de la ciencia, y para ello es insuficiente tener un título profesional que acredite haber cursado estudios universitarios, esto es así porque existe una sobreoferta de instituciones de educación superior que carecen de controles oficiales y programas autorizados que permitan considerar con cierto grado de certeza la calidad de la cátedra que imparten.
De ahí que los profesionistas que prestan servicios a nuestra comunidad deben contar con grados académicos que superen lo ordinario de las carreras universitarias, pero además, se deberá exigir la colegiación obligatoria en el que se establezcan códigos de ética rigurosos para evitar las malas prácticas profesionales, cuyas sanciones pueden ir de una amonestación hasta la privación del derecho para continuar ejerciendo la profesión; adicionalmente a la colegiación, también se requiere la certificación de manera imperativa, la cual sólo podrá lograrse mediante la capacitación continua que permita evaluar de manera periódica a los profesionales en las distintas disciplinas de la ciencia que cuentan con formación y experiencia para desarrollar las actividades que ofrecen públicamente.
Las anteriores exigencias son imprescindibles y de aplicación urgente si queremos contar con certeza de los niveles y estándares de calidad de los profesionistas que contratamos para la prestación de un servicio.
Los anteriores comentarios obedecen esencialmente a la circunstancia de que las autoridades de educación superior han permitido de manera irresponsable la proliferación de “universidades patito”, que no cumplen con los estándares mínimos de calidad y, sin embargo, de manera inexplicable ofertan diversas carreras profesionales, generando con ello la proliferación de “profesionistas” con capacidades altamente cuestionables, no sólo por sus ínfimos niveles académicos, sino además por una manifiesta ausencia de ética.
Las motivaciones anteriores deberán tomarse en cuenta por quienes por alguna circunstancia deban contratar los servicios de algún abogado, médico, contador, ingeniero, etcétera, y evitar ser víctimas de malas prácticas, de ahí la necesidad de que la colegiación y certificación de profesionistas sea obligatoria para evitar en la medida de lo posible poner en riesgo nuestra vida, integridad física, patrimonio, libertad, etcétera.
Héctor Contreras PérezEl autor es Licenciado en Derecho y presidente de la Barra de Abogados Sonorenses.
