padres fiscalia tumbanCIUDAD DE MÉXICO.- Las investigaciones que durante tres años se llevaron a cabo contra Guillermo Padrés y sus presuntos cómplices por delitos del fuero común, no tienen valor alguno y ahora la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJS) deberá comenzar de cero si aún pretende fincarles alguna responsabilidad.

Al declarar inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, un tribunal federal no sólo determinó en forma definitiva que ese organismo ya no podía investigar al exgobernador, sino que también anuló todas las investigaciones que integró en su contra.

Según la versión pública de la sentencia del amparo en revisión 194/2017, difundida la semana pasada, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Hermosillo invalidó también todas las actuaciones de las 5 indagatorias que llevaba esa Fiscalía contra el sonorense.

El fallo fue más allá de lo dictado el 16 de marzo de 2017 por el juez federal Manuel Rivera Navarro, quien en su momento determinó que la Fiscalía era inconstitucional, pero sus actuaciones debían turnarse a la Procuraduría Estatal para que continuara con las investigaciones.

Creada antes de tiempo

Según el colegiado, si la Fiscalía era producto de un decreto inconstitucional, por haber sido publicado el 28 de septiembre de 2015, antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales del Sistema Anticorrupción, entonces sus indagatorias también debían ser invalidadas.

"No fue correcto lo planteado por el Juez de Distrito al avalar el contenido de las averiguacio- nes previas (...). "En este orden de ideas, los acuerdos, diligencias o determinaciones emitidas por los agentes del Ministerio Público especializados en la llamada Fiscalía Anticorrupción que tengan fundamento directo en el Decreto declarado inconstitucional, deben declararse nulas", resolvió el colegiado.

Empezar de cero

Si bien la FGJS aún puede indagar a Padrés por los mismos hechos, su trabajo deberá partir de cero, ya que no podrá considerar ningún documento, testimonio, peritaje, cateo, aseguramiento o prueba diversa, obtenida o diligenciada en los últimos tres años por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.

El juez en primera instancia sostuvo que debían prevalecer las investigaciones contra Padrés, porque los investigadores actuaron bajo la figura del Ministerio Público, que tiene la facultad de indagar delitos, la cual no está supeditada a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero el colegiado sostuvo que, dada la autonomía funcional y técnica de las unidades administrativas de la Procuraduría de Sonora, los agentes del Ministerio Público sólo podían conocer de los asuntos sobre los cuales tienen competencia por especialidad, como en este caso es la materia de combate a la corrupción.

Este fallo fue votado por unanimidad por los magistrados Juan Manuel García Figueroa, Mario Toraya y Gabriel Alejandro Palomares Acosta.

El amparo fue presentado por Padrés contra el aseguramiento de una casa en la zona rural de San Pedro El Saucito, cerca de Hermosillo, afirmando que era consecuencia de un cateo y una indagatoria ilegal.

EXP/RED/FRU/SEP/2018