México

Comunidades zapotecas de Oaxaca obtienen derecho a la administración de su acuífero


Foto: Cortesía.

HERMOSILLO, SON.– Durante la tarde de ayer, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial que declara el derecho de pueblos y comunidades indígenas a administrar de manera sustentable las aguas que tienen en su territorio, así como el restablecimiento del equilibrio hidrológico.

Lo anterior a partir de las cuencas hidrológicas del acuífero de Valles Centrales, clave 2025, por ser prioridad su protección, mejoramiento, conservación y restauración.

Esto es conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, en que se reconoce a estas comunidades zapotecas su derecho a la libre determinación, a su autonomía, así como al territorio y, en consecuencia, a participar en la administración coordinada del acuífero con los alcances y limitaciones establecidos en el decreto.

El instrumento establece zona reglamentada para la administración, control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento y conservación de las aguas del subsuelo, sustentado en el reconocimiento del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua respetando y armonizando los derechos al agua y sus recursos naturales.

Cada una de las poblaciones ubicadas en el acuífero de Valles Centrales tendrá derecho de contar con un título de concesión y un reglamento comunitarios, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), previo cumplimiento de las disposiciones aplicables, entregará dichos documentos dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce la gestión coordinada para la elaboración de este documento en el que participó de forma conjunta con Conagua, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua (Copuda) y refrendado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El decreto es resultado de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas y es referente nacional que puede servir de ejemplo a nivel internacional para materializar en acciones concretas los derechos a la autonomía y a la libre determinación, al reconocer a las comunidades y pueblos indígenas sus facultades administrativas para administrar, proteger y conservar el agua de conformidad con sus sistemas normativos y con la legislación en la materia.

El INPI celebra el logro de este decreto en el que se establecen derechos específicos para que pueblos y comunidades indígenas accedan al agua ubicada en su territorio.

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