Juez federal niega órdenes de arresto contra científicos del Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal consideró que en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exintegrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no hay delito que perseguir.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), este miércoles el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó por segunda ocasión las órdenes de aprehensión que la FGR solicitó desde el lunes contra 31 exintegrantes del Foro y exfuncionarios del Conacyt.

La resolución del juez fue concordante con la que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que no fue ilegal la transferencia de recursos del Conacyt al foro, como alegó la FGR para intentar imputar a los científicos los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

"Los hechos imputados por [la FGR] no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque, en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019 tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos", afirmó el juzgador.

La imputación de la FGR derivó de la denuncia que presentó la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien acusó de ilegal la transferencia de 50 millones de pesos al foro, supuestamente gestionada en el periodo de 2013 a 2018, cuando Enrique Cabrero era director general del consejo y Julia Tagüeña era directora de desarrollo científico en dicho organismo.

En su denuncia, Álvarez-Buylla señaló que, conforme a los reglamentos internos del Conacyt, no existe obligación alguna de transferir recursos al foro, pues consideró que la existencia misma de este cuerpo es ilegal.

La presentación de la misma fue dada a conocer por Álvarez-Buylla en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2020, en la que acusó que los recursos de los fideicomisos que manejaba el Conacyt fueron utilizados de manera discrecional y sin transparencia.

Por ello, la FGR abrió una carpeta de investigación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF); sin embargo, para agregar delincuencia organizada y lavado de dinero envió el expediente a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO), donde quedó todo consignado en la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPIFAM- CDMX/0000222/2021.

Desde agosto pasado, la Fiscalía General de la República intentó —por primera vez— conseguir órdenes de aprehensión contra los 31 exfuncionarios del Conacyt y del foro por esa carpeta; sin embargo, la petición fue negada porque el Ministerio Público no presentó los elementos suficientes para proceder penalmente contra los científicos.

Derivado del desconocimiento que hizo el Conacyt a la relación jurídica con el foro, los integrantes de la Mesa Directiva de éste iniciaron un litigio en juzgados federales que llegó hasta la Suprema Corte, donde, en agosto pasado, la Segunda Sala resolvió que, conforme a la normativa vigente, era correcta la transferencia de recursos a la asociación para su operación.

Esta relación jurídica fue formalmente diluida con la reforma al Estatuto Orgánico del Conacyt del 17 de febrero de 2020.

Por eso, el juez de Control consideró que los científicos no actuaron al margen de la ley, sino conforme a la vigencia de la relación Conacyt-foro.