¿Por qué exoneraron a Cienfuegos?

Luego de dos meses de investigación, la FGR dio carpetazo al asunto contra Cienfuegos, mismo que el gobierno de Estados Unidos inició originalmente desde el año 2013.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, no tiene vínculos con el narcotráfico y por eso decidió no proceder penalmente en su contra.

Luego de dos meses de investigación, la FGR dio carpetazo al asunto contra Cienfuegos, mismo que el gobierno de Estados Unidos inició originalmente desde el año 2013 contra el exmando militar mexicano.

Mediante un comunicado, la FGR informó que al revisar las pruebas enviadas por el gobierno de Estados Unidos y las aportadas por el extitular de la Sedena, concluyó que no existen datos que lleven a suponer que Cienfuegos tiene vínculos con la delincuencia organizada, por lo que resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal.

Cienfuegos fue detenido en octubre pasado por autoridades estadounidenses que buscaban llevarlo a juicio por supuestos vínculos con el Cártel del H2 y por lavado de dinero.

La FGR afirmó que esta investigación encabezada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América (DEA, por sus siglas en inglés) era desconocida por el gobierno mexicano.

"Desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA) inició, sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda", enfatizó.

"Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso", señaló.

En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país que desestimara los cargos en contra de Cienfuegos Zepeda, pues pactó la entrega del exmando militar con el gobierno mexicano a cambio de que la Fiscalía General continuara las pesquisas en territorio nacional.

Para ello, la fiscalía solicitó y recibió las pruebas que la DEA tenía contra Cienfuegos, entre las que se contaban cientos de comunicaciones intervenidas entre supuestos integrantes del Cártel del H2 y el extitular de la Sedena.

La entrega de Cienfuegos se concretó el 18 de noviembre pasado e inmediatamente la FGR le notificó la existencia de la investigación en su contra.

"El 18 de noviembre de 2020, el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial", detalló la fiscalía general.

"El 9 de enero de 2021, el señor general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal", indicó la dependencia.

A partir de entonces, la defensa del exsecretario federal Cienfuegos Zepeda pudo presentar ante la FGR pruebas a su favor y, según el organismo encabezado por Alejandro Gertz Manero, el Ministerio Público realizó todas las acciones necesarias para obtener evidencias en el caso.

"Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.

"Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso", decretó el ministerio público.

La FGR informó que como parte de su investigación analizó la situación patrimonial de Salvador Cienfuegos, así como sus declaraciones fiscales.

De estos datos no apareció ninguno que pudiera llevar a suponer que el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto obtuviera ingresos ilegales, señaló la FGR, o que acreditara que su patrimonio salió de lo normal conforme a sus percepciones como servidor público.

"Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda", precisó.

La acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó a presentar en noviembre pasado contra Cienfuegos lo señalaba con el mote de El Padrino, con el que supuestamente se le identificaba al interior del Cártel del H2.

Dicha organización, supuestamente era encabezada por Juan Francisco Patrón, El H2 quien previo a dirigir el cártel pertenecía al de los Beltrán Leyva; es la misma organización delictiva que corrompió al exfiscal nayarita Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos en 2018 y sentenciado por delitos contra la salud.

"Gracias en gran parte a la asistencia corrupta del acusado, el cártel llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del Ejército mexicano e importó miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos", señaló el gobierno de ese país.

Supuestamente, Cienfuegos al frente de la Sedena se encargaba de evitar que los operativos militares afectaran las actividades ilícitas del H2.

La investigación de Estados Unidos que fue enviada a la FGR consta de 742 pruebas y aunque las pesquisas en México duraron dos meses, los datos de la fiscalía indican que en cinco días el MP resolvió el asunto, al determinar que no había pruebas contra el general en retiro.